La Seguridad Privada en la Comunidad Foral de Navarra.

Colombia quiere seguridad privada sin armas. 18/1/2012. america.infobae.com

La veda de portación en Bogotá comenzará a regir en febrero próximo y el presidente Santos pretende extenderla a todo el país. Las empresas de vigilancia rechazan la medida. "Que desarmen a los ilegales", exigen.



El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un ex guerrillero del disuelto M-19 que el pasado 1º de enero asumió el segundo cargo más importante del país después de la Presidencia de la República, anunció en el discurso de posesión que prohibiría el uso de armas en la ciudad para garantizar la tranquilidad de los capitalinos. La medida regirá a partir del 1º de febrero próximo. Tras el anuncio del alcalde de Bogotá, un grupo de senadores informó que impulsará un proyecto de Ley ante el Congreso que amplíe la iniciativa expuesta por Petro al resto del país.

Ahora, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Luis Felipe Murgueitio, aseguró para El Tiempo que es "mejor un vigilante bien comunicado con la Policía que uno armado", y planteó el debate sobre el desarme.

La Asociación de Entidades de Seguridad Privada (Andevip) se pronunció ante la propuesta del superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Luis Felipe Murgueitio, en el sentido de que el sector de seguridad privada no use armas de fuego.

El coronel Juan Luis Gutiérrez, director ejecutivo de la Asociación de Entidades de Seguridad Privada (Andevip), señaló que "las armas no letales son útiles, disuasivas y se pueden emplear en muchos casos, pero los efectos no son los mismos. No sé hasta donde un banco permita que le presten su seguridad con armas no letales, hay que pensar en el nivel de riesgo de los ciudadanos".

Según Gutiérrez, proponer el desame de los vigiladores privados es "inoportuno", ya que "la responsabilidad del Estado es la de garantizar la seguridad de los ciudadanos". Para el representante de Andevip, no portar armas sería una ventaja para los delincuentes y, por ende, "aumentaría las cifras de la inseguridad en cualquier ciudad".

"Creo que el esfuerzo del Estado tiene que estar orientado a desarmar a los ilegales, porque los legales están haciendo uso de una licencia concedida por aquél, cumpliendo con todos los requisitos de ley en donde ha habido un estudio previo para otorgarle el permiso para que esa persona pueda hacer uso de su arma" , indicó Gutiérrez.

Según datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia, hay 150 mil vigilantes con permisos para usar armas sobre un total de 198 en actividad. El Departamento de Control y Comercio de Armas informó que existen 43 mil armas en manos de la vigilancia privada.

¿Privatiza Estados Unidos la guerra contra las drogas? 17/1/2012. bbc.co.uk

El Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, está delegando su lucha contra el narcotráfico a través de contratos multimillonarios con empresas privadas que se encargan de prestar asesoría, capacitación y realizar operativos en países productores de drogas y con vínculos al llamado "narcoterrorismo", incluyendo América Latina.

El gobierno se desentiende así del trabajo "sucio" que acarrean los diferentes aspectos del combate contra las drogas para dejarlo en manos de compañías con ánimo de lucro que emplean mercenarios y cuyas tácticas están libres del escrutinio público y político, dicen sus críticos.

El Pentágono dice que es parte de su estrategia para garantizar la seguridad del país y que se realiza legalmente y siguiendo estrictos parámetros.

Según los analistas, sin embargo, ésta se ha convertido en la tendencia del futuro, a medida que la responsabilidad de la seguridad pública y nacional pasa de ser un deber del Estado a ser un negocio de la empresa privada.

"Apoyo administrativo"
No se trata de una actividad encubierta. La sección de prensa del Pentágono confirmó a la BBC que, en 1995, se estableció la Oficina de Programas de Tecnología Contra el Narcoterrorismo (CNTPO, por sus siglas en inglés) cuya última instancia es el subsecretario de Defensa para Antinarcóticos y Amenazas Globales.

Según el comunicado del Pentágono, la CNTPO provee "apoyo administrativo de programas en una amplia gama de actividades de antinarcóticos del Departamento de Defensa".

Este "apoyo administrativo" es básicamente la identificación y subcontratación de grandes compañías especializadas en seguridad y reclutamiento de personal élite armado que entran a operar en terceros países independientemente.

"Desde el 11-S y los conflictos en Irak y Afganistán se ha incrementado la necesidad de adquirir estos servicios", dijo a BBC Mundo el teniente coronel James Gregory, encargado de prensa.

Según el portavoz, son contratos múltiples, de tiempo y entrega indefinida, que se otorgan cada cinco años. La próxima ronda de comisiones será en agosto de 2012.

Hasta ahora, los mayores contratos han sido entregados a las empresas Lockheed Martin, Northrop Grumman, Reytheon, ARINC y U.S. Training Center (una subsidiaria de Blackwater), informó el alto oficial.

Recortes
La práctica se arraigó hace una década durante el gobierno de George W. Bush, que utilizó numerosos contratistas -mercenarios, dirían algunos- en las guerras de Irak y Afganistán.

Barack Obama ha continuado con la misma política y, en este momento, por ejemplo, la seguridad del personal diplomático en Afganistán depende en gran parte de empresas privadas de seguridad.

Una de las razones por las cuales el Pentágono está intentando privatizar varios aspectos de sus actividades tiene que ver con el presupuesto nacional que no ha podido resolverse por disputas partidistas entre el congreso y el ejecutivo.

"Se habla constantemente de que el Pentágono está en la mira de los recortes presupuestarios", dijo Larry Birns, director del Consejo para Asuntos Hemisféricos (COHA), un centro de investigación de tendencia izquierdista en Washington.

"Para el congreso, los recortes en el área de la lucha antidrogas serán obligatorios si el presidente espera equilibrar su propuesta de impuestos y la adjudicación de fondos".

Según Birns, la guerra contra el narcotráfico es impopular y no tiene peso político salvo en un año electoral como éste, así que el Departamento de Defensa quiere borrar ese gasto de sus cuentas.

"De una manera subrepticia quieren reducir el presupuesto de la lucha antidrogas transfiriéndola a las agencias privadas", expresó el analista.

Contratos "no específicos"

Los contratos para las empresas privadas son jugosos, la CNTPO cuenta con un presupuesto de US$15.000 millones, según lo confirmó el teniente coronel James Gregory.

No obstante, el Pentágono se ahorra tener que involucrar toda su burocracia y jerarquía militar en programas de entrenamiento, asesoría y operativos. Mientras, obvia el detalle de cada uno de los costos en contratos muy generalizados que no pasan por procesos de licitación.

"No son como el contrato para construir una casa de tales y tales dimensiones", dijo Bruce Bagley, jefe del departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami y experto en el tema del narcotráfico mundial.

"Los llaman contratos no específicos", explicó a la BBC. "Tienen el derecho de realizar tal tipo de operativos, entrar estos equipos al país y se les paga tanto. Y, de paso, como subcontratistas, ellos reclutan al personal y, si alguno de sus empleados muere, ellos son los responsables".

Al delegar la actividad en una compañía privada, el gobierno evita involucrar sus fuerzas armadas y su infraestructura. Más significativo aún, se mantiene al margen en caso de cualquier percance.

"El alto costo político", manifiesta Bagley, es el motivo principal para privatizar la guerra contra el narcotráfico.

"Aquí entramos en un área imprecisa, donde las normas de combate no son claras y hay casi cero responsabilidad para con el público o el electorado", afirmó el académico.

"Unos pocos miembros de los Comités de Supervisión del Senado y la Cámara están al tanto, pero ellos tienen la obligación de guardar secreto, así que todo esto vuela bajo el radar".

Soberanía
En América Latina, el trabajo de los contratistas se concentra en "países clave de producción y tránsito de drogas", dice la oficina de prensa del Pentágono.

El mayor de los "esfuerzos", como lo llama el Departamento de Defensa, sucede en Colombia, pero también informa que hay asistencia en otros países andinos, Centroamérica, el Caribe y México.

Firmas privadas que recibieron contratos del Pentágono

Lockheed Martin
Northrop Grumman
Raytheon
ARINC
US Training Center

"El Plan Mérida destina US$1.000 millones a México para asistir en la lucha antinarcóticos", señaló Larry Birns de COHA, "aunque los mexicanos son muy estrictos en no dejar personal armado extranjero operar en su territorio".

El Pentágono no es muy específico con respecto a la extensión de la participación de los contratistas por razones, explica, de seguridad. Pero afirma que estos actúan en conjunto con las autoridades locales, "incluyendo en zonas de combate" aunque "no participan en redadas o arrestos".

Sin embargo, hay serias implicaciones con respecto a los países donde estarían las empresas privadas.

Aunque es posible que ciertas élites políticas en estos países estén al tanto de sus actividades e, inclusive, las hayan invitado, hay una potencial violación de la soberanía nacional que podría generar una reacción nacionalista si el público llegara a percatarse de la situación, comentó el profesor Bruce Bagley.

Además "estamos reconociendo, en efecto, que las instituciones en los cuerpos de seguridad en estos países son tan deficientes que los estamos reemplazando con mercenarios a sueldo", añadió.

Las autoridades militares aseguran que los contratistas están sujetos a las mismas leyes vigentes en EE.UU. y los países donde operan, pero Bruce Bagley insiste en que podría haber un coletazo si ocurrieran imprevistos que impliquen violaciones al derecho humanitario y se vincule a Estados Unidos con esta actividad. No obstante reconoció que "ésta es la ola del futuro".

"Estamos frente a unas unidades más pequeñas, más eficientes, más capacitadas que pueden hacer el trabajo sucio que a las fuerzas militares de Estados Unidos no se les permite ni se les exhorta a hacer", concluyó.

Crece 40 % demanda de servicios de seguridad privada en México por violencia. 21/12/2011. adn.es

Los servicios de seguridad privada subieron este año en México un 40 % con respecto a 2010, derivado de la ola de violencia que azota al país, informó hoy la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada (CNESP).

El presidente de este organismo, que agrupa a unas 150 empresas de seguridad privada, Arnulfo Garibo, explicó en rueda de prensa que estos servicios han aumento desde 2009, principalmente en los estados del norte y centro del país.

Detalló que Baja California, Nuevo León, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Sinaloa, Coahuila y Durango fueron las entidades donde más servicios de protección se solicitaron.

El líder de la CNESP indicó que la contratación de guardaespaldas se incrementó en un 70 %, lo que "representa más de 19.000 custodias en todo el país.

Agregó que la custodia de personas, bienes inmuebles y mercancías en tránsito aumentó, principalmente en zonas donde la delincuencia urbana y organizada "ha tenido una importante connotación".

Los servicios de vigilancia para control de acceso, análisis de riesgos, venta, instalación y mantenimiento de productos de seguridad electrónica se acentúan para las carreteras de los estados citados.

"Con la custodia de camiones de carga, nuestros afiliados han evitado entre 400 y 500 robos, lo que supone un descenso del 70 % con respecto al año pasado", indicó Garibo.

De acuerdo con estadísticas de este organismo, el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Querétaro, Morelos y Puebla repiten en 2011 como las entidades federativas donde se cometen más atracos a vehículos en tránsito.

La ola de violencia en el país ha favorecido el negocio de la seguridad privada que en los últimos cinco años y medio ha crecido un 50 por ciento y ya representa el 2 por ciento del producto interior bruto (PIB), según cálculos del propio sector.

El negocio de la seguridad creció 70% en el país. Venezuela. 29/11/2011 dinero.com.ve

La seguridad privada en América Latina está en rápida expansión y Venezuela no es la excepción, donde el servicio de seguridad con guardias es el más demandado.

Se calcula que el mercado mundial de seguridad privada alcanzó un valor superior a los 85.000 millones de dólares el año pasado, con una tasa de crecimiento anual de 8%, de los cuales 70.000 millones se reparten entre Norteamérica y Europa, mientras 4.000 millones corresponden a América Latina.

En Venezuela la mayor demanda de seguridad es de empresas, aunque cada vez más hay familias y particulares que solicitan servicios, especialmente en las casetas de urbanizaciones y edificios. Según la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad (Aves), el negocio de la seguridad privada creció 70% en el país durante la última década.

La Aves calcula que en 2010 había cien empresas dedicadas a la distribución de equipos de seguridad electrónica, que facturaron cerca de 250 millones de dólares anuales. A esto se suman entre 300 y 500 compañías de vigilancia.

- La información forma parte del artículo de la periodista Fabiana Culshaw, reproducido en la última edición de la revista Debates IESA. Lea en próximas entregas sobre la inclusión como método de solución.

No hay ley que regule el servicio de guardaespaldas en el país.(Venezuela) 17/10/2011. Eluniversal.com

El curso básico para formar a los escoltas dura 48 horas académicas.

Obstaculizan las vías, detienen el tráfico, conducen carros blindados y están armados. Solo tienen 48 horas de preparación y no son policías, ni militares. La figura del escolta aun no está regulada en Venezuela por ningún organismo público.

Ernesto Carrera, director de la Escuela de Protección Personal, indicó que el instituto que preside ofrece un curso básico de 48 horas académicas en el cual los futuros escoltas aprenden a planificar rutas y prevenir situaciones de riesgo, enfrentando escenarios en las calles, vehículos y lugares abiertos y cerrados y aprenden técnicas de defensa personal. "La persona que hace el curso debe tener su propia arma, ya que no estamos autorizados a tener un parque en nuestra institución. Además lo ideal es que el participante debe estar acostumbrado a su arma", explicó.

En Venezuela, el formato más utilizado es el chofer escolta, quien se encarga de manejar el vehículo y reaccionar en el caso de una evasión de una situación de riesgo y el escolta o guardaespaldas, quien custodia a las personalidades dentro del automóvil y en los espacios de la ciudad.

De acuerdo con los especialistas, el 90% del trabajo consiste en prevenir, planificando las rutas seguras y gestionando situaciones. La finalidad es evitar el riesgo y no enfrentar.

Para Carrera, el servicio de escoltas debe ser regulado por el Estado venezolano, ya que existe un vacío legal en la materia, no hay un organismo colegiado ni una cámara de empresarios ligados a esta actividad. "En Venezuela, cualquier persona con una corbata y con una pistola es escolta".

Miembros de las 15 academias que preparan a los jóvenes para desempeñar labores de custodia de personas y de valores, instan a que la Dirección General de Armas y Explosivos certifiquen a las academias para tener un control sobre los que desempeñan el oficio.

La medida busca la profesionalización del oficio tan extendido entre la juventud del país, no solo por la inseguridad y sino por lo bien remunerado de la labor.

El servicio de vigilancia y protección de bienes está regido desde 1975, por la Ley en el Decreto 699 del Ministerio de Relaciones Interiores, del año 1975, publicada en la Gaceta Oficial número 30.597, pero el resguardo de personas no tiene ningún tipo de regulación.

Detener el tráfico es ilegal

"No entrenamos a los escoltas para que paren el tránsito. Los que lo hacen tienen autorización de las personas que los contratan", explicó Carrera, al aclarar que su academia está en contra de los que prestan el servicio en motocicleta.

Kenny Barreto Palencia, asesor de operaciones de la compañía Organización de Adiestramiento, Investigación y Protección (OPI) aseguró que funcionarios policiales o militares optan por tomar trabajos temporales de custodia de mercancía de valor o de personalidades para redondear el sueldo. El especialista considera que un curso de tres días es muy poco para salir a la calle para asumir responsabilidad de la labor. "El tiempo mínimo de preparación debe ser de tres meses".

Trabajo investiga más de 100 empresas de seguridad. (Honduras) 24/9/2011. Latribuna.hn

TEGUCIGALPA.- Debido a una serie de denuncias e irregularidades en el pago de los derechos laborales, despidos injustificados y abusos al menos 100 empresas de seguridad privada a nivel nacional son investigadas por las autoridades de Trabajo y Seguridad Social.

Así lo confirmó este viernes, el viceministro del ramo, Carlos Montes, quien explicó que desde ya se realizan diferentes acciones para que estas se “pongan al día” respetando los derechos laborales de sus empleados.


“Nos hemos contactado con el Inspector General del Trabajo, que es el órgano dentro de la Secretaría de Trabajo para hacer este tipo de inspecciones y se le giraron instrucciones para que tratara de visualizar cual es la problemática en función de la labor que se realiza”, comentó en declaraciones a HRN.

La Secretaría de Trabajo, en el área de comercio y servicios, como en lo que refiere a las comidas rápidas, vigilancia y servicios de limpieza “tiene muy adelantado su trabajo y de hecho algunas empresas han sido sancionadas, por lo tanto la Secretaría está atenta a esta situación”, puntualizó.

El funcionario consideró que no solo se trata del tema de la defensa de los derechos laborales, sino que en lo relacionado al pago del salario mínimo y “ver que empresas están cumpliendo o no, con el requisito de ley”.

Explicó que son al menos 630 empresas de seguridad a nivel nacional, por lo que resulta “complejo” debido al número de inspectores con los que cuenta la Secretaría de Trabajo, pero “se está adelantando”.

Este tipo de denuncias, Trabajo las recibe y se están investigando, (aunque) se ha mejorado mucho este aspecto, hemos tenido reuniones con la Secretaría de Seguridad y la oficina que se encarga del control de empresas”, subrayó.
Añadió que se está estableciendo un plan de acción, en la que se coordinen tanto los entes gubernamentales como la Asociación de Empresas de Seguridad e Investigación Privada de Honduras (ASEMSIPH), a fin de que se proporcione una serie de capacitaciones con respecto al tema de los derechos laborales.

Según un informe del Centro de Derechos Laborales (CDL), publicado en el 2010, el mayor índice de reclamos laborales tiene que ver con algunas empresas de seguridad privada y de la industria de la maquila.
Honduras es el segundo país con más guardias privados de la región centroamericana, superado únicamente por Guatemala, según el “Informe de Armas Ligeras 2011”, publicado por el Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo, en Ginebra.
Honduras tiene al menos 60 mil agentes privados de seguridad, lo que nos deja en la segunda posición en la región centroamericana.

A la caza de mercenarios. 18/9/2011. elcolombiano.com

A traves las redes sociales, compañías privadas seducen a militares colombianos para que presten el servicio de mercenarios en el exterior.

La muerte de diez supuestos mercenarios colombianos que hacían parte del ejército reclutado por el dictador libio Muamar el Gadafi, para defenderse de la ofensiva rebelde, puso de nuevo en la palestra pública el tema de los mercenarios colombianos en el exterior.

Ese negocio, que crece todos los días y se convierte en una fuente de ingresos para militares colombianos retirados que ofrecen sus destrezas al mejor postor, se promociona a través de las redes sociales por medio de la compañía Blackwater o Xe Services LLC, una empresa privada estadounidense que presta servicios militares de seguridad, fundada por el magnate Erik Prince.

EL COLOMBIANO tuvo contacto con un militar que hoy presta sus servicios en Emiratos Árabes Unidos. Jacobo* reveló detalles sobre la forma en que llegó a ese país.

Aunque él ya conocía casos de militares que viajaban a Irak, Afganistán y otros países árabes, Jacobo conoció la convocatoria por un amigo militar. Según Jacobo, Blackwater maneja su proyecto en Colombia bajo el nombre de Thor.

Este diario investigó cuál es la finalidad del proyecto y descubrió que Thor tiene un grupo en Facebook llamado "Thor Colombia", desde donde se accede a un link que muestra la convocatoria dirigida a "oficiales, suboficiales y soldados profesionales entre 25 a 43 años".

Después de conocer los detalles, Jacobo viajó a Bogotá y presentó múltiples pruebas que exigían conocimiento militar. "Llenaba los requisitos y los cumplía mejor que nadie", recuerda.

La oficina en la que se recibe la documentación en Bogotá está ubicada en la carrera 21 #37-60. Allí, según Jacobo, se realizan también las pruebas físicas, los exámenes médicos e incluso pruebas con armas.

Al ser consultado sobre el tema, el Ejército Nacional indica en un comunicado de tres puntos que "no es política institucional auspiciar empresas, facilitar instalaciones o participar en entrenamientos de contratistas que presten servicios de seguridad en otras naciones", y afirma que ordenó una investigación sobre la utilización de instalaciones militares para el supuesto entrenamiento de contratistas de seguridad, "con el propósito de determinar la época, el lugar de los eventos y si se constituyen, en sí mismos, en delitos, faltas disciplinarias o administrativas".

Más del proceso
Jacobo confirmó que cumplía los requisitos y luego tuvo que esperar. "Se necesitan visas -dice-. Ellos hacen todo, usted sólo necesita el pasaporte".

Para verificar esa información, llamamos a los números que aparecen en la convocatoria de la empresa y, efectivamente, una voz al teléfono asegura que si se cumplen los requisitos y se pasan las pruebas, "no te preocupes por el tema de visado que nosotros nos encargamos".

Jacobo relata el procedimiento que siguió cuando resultó apto para viajar: "te reciben en el aeropuerto y después viajas al área de trabajo. La perspectiva es diferente a lo que uno se encuentra. Pero no es malo ni es mucha la diferencia".

Aún no enfrenta situaciones reales. Está en prácticas. Dice que son cientos los colombianos metidos "en esto".

En el grupo de Facebook llamado "Thor Colombia" se pueden observar varias personas interesadas. Algunas dicen ser retiradas del Ejército y otras aseguran estar activas y en búsqueda de información para postularse.

Jacobo comenzó ganándose 85 dólares diarios. El dato coincide con las condiciones de la convocatoria enmarcadas bajo el punto de proyecto laboral y salario. Ahora, Jacobo gana más de 100 dólares al día.

Narra que los intermediarios se quedan con un tercio "más o menos de los salarios" y que los militares que más ganan llegan a los 160 dólares.

¿Es un delito?
Al parecer, el entrenamiento de mercenarios en Colombia no sería un delito porque el país no hace parte del grupo de los 32 Estados signatarios de la convención de Naciones Unidas contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.

El Gobierno Nacional reconoce que no hace parte de la Convención porque considera que la normativa nacional regula suficientemente el tema en el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 1994) pero hoy se discuten tres iniciativas para regular a las Empresas Militares y de Seguridad Privadas. Estas son señaladas de usar mercenarios en distintos países y conflictos del mundo, afectando, a su vez, el derecho a la libre determinación de los pueblos en algunas situaciones.

Esas iniciativas son el Documento Montreux (impulsado por el Comité Internacional de la Cruz Roja), el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (impulsado por Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y las empresas del sector seguridad en el mundo), y un proyecto de convención sobre el tema promovido por el Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Sobre los mercenarios que murieron en Libia, Jacobo dice que no tenían nada que ver con Blackwater y el proyecto Thor y que, supuestamente, eran exintegrantes de las Farc.

Mientras tanto, el embajador de Colombia en Egipto, Mario Iguarán, pide a la representación Libia en El Cairo informes sobre la supuesta ejecución de los diez colombianos mercenarios.

Jacobo asegura que el negocio se expande por todo el mundo y que en Colombia "apenas se abre el mercado". Él es uno de los cientos que se estrenan en ese medio, el de los mercenarios.

*NOMBRE CAMBIADO A PETICIÓN DE LA FUENTE

Armas irregulares, retiradas de compañías de seguridad. 18/9/2011. telegrafo.com.ec

Más del 95 por ciento del arsenal decomisado -en todo el país- estaba en poder de las empresas privadas. Las series adulteradas o duplicadas y los defectos en el disparo fueron las principales causas para su incautación y posterior destrucción.

De un total de 3.740 armas con anomalías (no aptas) que fueron incautadas por la Unidad Técnica de Control de la Policía a nivel nacional, 3.538 (95%) pertenecen a las empresas de seguridad privada y tan solo 202 a personas naturales.

Según las estadísticas del proceso de recalificación de permisos de armas, entre las principales causas por las que fueron incautadas constan las series duplicadas o clonadas, los números de series identificativos adulterados o remarcados, armas artesanales con acuñamientos de armas industriales y mala aptitud en el disparo.

El informe, elaborado por el Ministerio del Interior y que comprende el período del 15 de septiembre de 2009 hasta el 15 de septiembre de 2011, señala que Guayas registra el mayor número de incautaciones con 1.762 armas (1.683 a compañías de seguridad y 79 a personas naturales), seguida por la provincia de Pichincha con 1.755 armas (1.671 y 84, en el mismo orden). En el resto del país se dieron 223 incautaciones.

La incautación del armamento, el mismo que debe ser destruido, de acuerdo al reglamento a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, el cual autoriza la baja del material una vez que hayan transcurrido 90 días del decomiso, es parte del resultado de los controles a las compañías de seguridad que operan al margen de la ley.

La medida fue anunciada por Leonardo Berrezueta, viceministro del Interior, luego de que el pasado 31 de agosto venciera el último plazo para que las empresas dedicadas a esta actividad cumplieran con las normas del Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.

Galo Estrella, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad e Investigación (ANESI), manifestó que muchas de las irregularidades encontradas por las autoridades en armas nacionales proceden de las mismas fábricas de donde fueron adquiridas -muchas de ellas asentadas en la provincia de Bolívar- puesto que las series y numeraciones en el armamento fueron grabadas en esos talleres.

Relató que ha constatado casos en los que una compañía de seguridad presenta para el trámite de recalificación una o dos armas con determinada serie, y se encuentra con la novedad de que dos o tres empresas más tienen armas con la misma numeración y, lo más curioso, adquiridas al mismo fabricante.

“Debe prohibirse la fabricación de armas artesanales porque no cumplen con el control de calidad ni los estándares internaciones”, relató.

En otro caso, Berrezueta citó el caso registrado el pasado 24 de julio, cuando en una compañía de seguridad -que fue clausurada por no contar con permiso de funcionamiento- las autoridades incautaron más de 800 armas de fuego, municiones, cartuchos, así como gas de mano, pertrechos, chalecos, uniformes, botas y cintos.

Equipos de Criminalística y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) se encargaron de verificar los datos y el estado de las armas.

Según información de la Unidad Técnica de Control de Armas, las personas jurídicas y empresas de seguridad privada documentaron 31 mil armas, de las cuales solo 27.208 están habilitadas para su funcionamiento y 347 están en trámite.

Mientras que la Policía examinó 23 mil, es decir, registraron 8 mil armas más que la Policía en los dos últimos años.

Notable aumento de la seguridad privada: en 2000 había 30 agencias y hoy suman 116. (Argentina) 16/9/2011. lacapital.com.ar

Según estadísticas oficiales de la policía provincial el número de vigiladores que trabajan en Santa Fe subió siete veces entre el 2000 y el corriente año, ya que pasó de 900 efectivos a 6.260.

La inseguridad es un escándalo, "un escándalo que da rentas", se leía en las paredes de una universidad parisina durante el Mayo Francés.

El aumento de los hechos delictivos produjo un incremento en la demanda de seguridad y las agencias que brindan este servicio en forma privada tuvieron un crecimiento notable en los últimos años.

Según estadísticas oficiales de la policía provincial el número de vigiladores que trabajan en Santa Fe subió siete veces entre el 2000 y el corriente año, ya que pasó de 900 efectivos a 6.260.

En el comienzo de la década pasada había 30 agencias de seguridad en actividad y hoy esa cifra asciende a 116, lo que significa un aumento de casi el 400 por ciento.

Los sitios que tienen contratado el servicio de vigilancia privada en nuestra ciudad en los últimos 11 años crecieron casi el 600 por ciento: de 254 lugares a 1.432.

Se ha generalizado tanto el servicio de la seguridad privada que municipio y provincia también contratan este tipo de vigilancia para sus diversas dependencias.

El último dato es revelador: las empresas de seguridad privada poseen casi un 25 por ciento más de personal que la policía rosarina, que tiene alrededor de 5.000 efectivos.

Seguridad privada, negocio en crecimiento en México. 5/8/2011. informador.com.mx

Las inversiones en México no han disminuido como consecuencia del clima de violencia e inseguridad que se vive en algunos estados del país.

CIUDAD DE MÉXICO- La seguridad privada en México es un negocio con un crecimiento sostenido que supera 20% anual, reveló en conferencia el director general de la empresa Cios, Francisco Ramírez Moreno, luego informar que esa compañía es la primera en recibir un reconocimiento internacional a la calidad.

Ramírez puso como ejemplo a su empresa y dijo que en 10 años de vida, manejan una facturación superior a los siete millones de dólares anuales, lo que les ha permitido generar 800 empleos directos y tener presencia en todo el país.

“Gran parte de ese dinero lo invertimos en capacitación, tenemos un convenio con la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia y sostenemos programas de intercambio con el fin de capacitar a nuestros empleado en esa institución”, detalló.

Adelantó que para los próximos dos años Cios obtendrá ganancias por más de un millón de dólares; sostuvo que “ese crecimiento, como el de casi toda la industria de la seguridad privada en el país , estará basado en la oferta de los servicios que proporcionamos a empresarios nacionales y extranjeros que planean venir a México a invertir.

“Nosotros como líderes del sector, nos damos cuenta que las inversiones en México no han disminuido como consecuencia del clima de violencia e inseguridad que se vive en algunos estados del país”, añadió.

En el tema de seguridad, la percepción que comienza a generarse en el exterior de México es que “nuestras estrategias mejoran constantemente”, dijo Ramírez.

El tren del dinero. (COLOMBIA) 24/7/2011. Dinero.com

Las transportadoras de valores están disparadas y son el segmento que más crece en el sector de seguridad privada. Comercio e industria están aumentando el uso de este servicio.

Hasta hace unos años, las empresas de transporte de valores ponían vehículos blindados a disposición de las instituciones financieras para transportar el dinero que necesitaban para operar sus diferentes sucursales. El negocio se centraba en atender a todos los bancos.

Pero los altos costos de la intermediación bancaria, los impuestos a las transacciones financieras –como el 4 x mil– y la creciente inseguridad que se vive en las principales ciudades están cambiando las cosas. Hoy, estas compañías han comenzado a extender sus servicios hacia el sector real, con propuestas ‘a la medida de sus necesidades particulares’.

Según Luis Felipe Murgueitio, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, el público quiere tener más efectivo a mano y de forma más rápida. “Vemos modalidades que están jalonando la actividad de este subsector, en especial las relacionadas con aquellos negocios del sector real que requieren un flujo constante de dinero en efectivo en sus dependencias”, comenta.

La idea es mantener un flujo constante de dinero en aquellos lugares que lo necesiten, desde cajeros electrónicos hasta el interior de cadenas de supermercados, restaurantes o almacenes de ropa, entre otros negocios. Las transportadoras de valores parecen competir contra los mismos bancos.

“Antes, los bancos tenían el dinero, pero ahora lo tienen las transportadoras de valores, que lo llevan hasta instituciones financieras o lo ponen en la calle a través del comercio y de cajeros electrónicos. Ahora, los bancos más eficientes son los que menos dinero guardan”, dice Yago Palao, gerente general de Prosegur.

En este sentido, ahora ofrecen servicios de ‘tesorería avanzada’, en los cuales se encargan de gestionar la operación monetaria al interior de industrias y comercios. Por ejemplo, en el caso de algunos hipermercados, crean oficinas al interior de cada almacén y guardan el dinero de la operación diaria.

Anteriormente, cuando un cajero de estas compañías necesitaba dinero de baja denominación para dar cambio a los clientes, tenía que ir a una sucursal bancaria y hacer alguna transacción. Ahora, solo lo solicita a estas tesorerías internas que se encargan de suministrarlo o de pedir su traslado desde algún almacén cercano.

La apuesta por los nuevos negocios parece estar dando resultado. Según la Supervigilancia, las compañías de transporte de valores registraron el crecimiento más alto durante 2010, equivalente a 10,45%, e ingresos por $425.000 millones. Cabe anotar que todo el sector de la seguridad creció poco más de 6% en este mismo periodo.

Problema de costos?Más que otros negocios de la seguridad privada, el transporte de valores exige grandes inversiones.

Además de contar con vehículos blindados, estas compañías deben realizar inversiones en bóvedas, sistemas de seguridad de última generación y un entrenamiento especializado para sus empleados. En Colombia solo existen seis empresas autorizadas por la Supervigilancia para prestar estos servicios: Atlas, Brinks, G4S, Prosegur, Seguridad Móvil de Colombia y Trasvasur.

“Nuestro negocio se fundamenta en dos conceptos: la administración y mitigación del riesgo y el desarrollo de soluciones integrales de logística de dinero en efectivo. Eso quiere decir que nuestro reto permanente es desarrollar actividades que les permitan a nuestros clientes estar cada vez más tranquilos y confiados en el manejo y administración de sus valores”, dice Danilo Gómez, gerente comercial de soluciones de dinero en G4S.

Más allá de su infraestructura, las transportadoras encontraron un ambiente económico propicio. Incluso, entre los aspectos que favorecieron el surgimiento de estos servicios está el incremento en el dinero disponible en la calle, que en los últimos tres años ha crecido 24%.

Mientras en 1998 la proporción de dinero en los bancos frente a la que estaba en la calle era de 2 a 1, en los últimos dos años es de 1 a 1. En otras palabras, por cada peso que está guardado en alguna institución financiera, hay otro peso en el bolsillo de alguna persona, en las tiendas, debajo del colchón o, por ejemplo, en algún carro blindado para transportar valores.

Junto a esto, el sector también se vio beneficiado por el crecimiento de la economía y el elevado costo de las transacciones bancarias, cuyo índice de intermediación llega a 3,41% en Colombia, mientras en Australia ronda el 0,5% y en España, el 1,2%, asegura Palao, de Prosegur. “En la medida en que avanza el desarrollo económico del país, todas las organizaciones comienzan a solicitar servicios cada vez más especializados”, dice.

Por lo pronto, el gran reto de las transportadoras de valores comienza en mantener el buen comportamiento que tuvieron el año pasado al extenderse hasta pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, algunas han abierto ‘puntos multi-recaudo’, oficinas blindadas que ubican en diversos lugares de la ciudad, para que las Pymes accedan a sus servicios, al tiempo que reducen el riesgo de ser víctimas de robos –como fleteo– y evitan las colas en instituciones financieras.

La seguridad privada reclama más facultades para lidiar con el delito. (URUGUAY) 16/5/2011. elpais.com.uy

Guardias privados. No pueden esposar a un sospechoso Solo pueden actuar en legítima defensa; los empresarios piden un cambio de legislación para que guardias puedan realizar más tareas | A futuro prevén dificultades para contratar guardias

Los guardias de seguridad privada comenzaron cumplir tareas que antes desempeñaban los policías en servicio 222, pero sus facultades para detener o reprimir están muy limitadas. Por ejemplo, el guardia no puede esposar a un sospechoso.

El presidente de la Federación Uruguaya de Empresas de Seguridad (Fudes), Agustín Pose, señaló a El País que una de las herramientas que reclaman las empresas es la posibilidad de inmovilizar a personas que sean detenidas cometiendo delitos. Para ello los guardias tendrían que poder esposar o maniatar, lo que está expresamente vedado.

"Si un guardia atrapa a una persona dentro de un predio, no está autorizado a esposarlo y tiene que esperar que venga la Policía. El peligro es que el detenido vaya al juzgado y diga que se lo privó de la libertad porque le ataron las manos", mencionó Pose

Los empresarios consideran que sería oportuno un cambio en la legislación que habilite a las empresas a realizar algunas tareas que en la actualidad no pueden hacer.

Para Pose, "habría que generar herramientas legales que permitieran trabajar en conjunto a los guardias privados con la Policía", y agregó que "en algunos países la Policía le pide apoyo a los guardias privados en caso de emergencia".

Un guardia de la seguridad privada tiene las mismas facultades que un civil para actuar ante un agresor. Ello implica que puede realizar un arresto civil, siempre y cuando esté frente a un delito que se está consumando, y debe dar cuenta inmediatamente a la Policía.

El guardia también puede actuar como cualquier ciudadano en legítima defensa, cuando estén en peligro su vida, integridad física, libertad, honra o patrimonio, o los de los terceros a quienes presta servicio como guardia.

También puede utilizar un arma en los términos de la legítima defensa, es decir, con un arma de entidad similar a la del agresor (por ejemplo, no puede enfrentar a un delincuente que usa un arma blanca con una pistola).

En tanto, la capacitación que reciben los guardias de seguridad privada también es muy limitada en comparación con la que reciben los policías.

El curso que exige el Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse) para los guardias de seguridad consiste de 28 horas para el vigilante sin arma, y ocho horas adicionales para el guardia armado, en las que, según la normativa de Renaemse, deben ejecutar tres cargas completas de revólver y tres cargas completas de escopeta. Los guardias no precisan realizar cursos de entrenamiento físico, pero sí deben superar un examen de aptitud psíquica. Renaemse también solicita que los guardias realicen cursos de actualización.

Por otra parte, el entrenamiento básico para un oficial de segunda es un curso de seis meses, de ocho horas de lunes a viernes. Además de las materias teóricas, los policías realizan entrenamientos físicos, cursos de defensa personal, práctica de tiro y manejo de armas, y participan en la ejecución de planes operacionales.

Bancos y educación. En el primer cuatrimestre del año fueron recortadas unas 70.000 horas de servicio 222, según un reciente informe del Ministerio del Interior. La iniciativa oficial de reducir los contratos policiales fuera de horario busca evitar la sobrecarga laboral de los efectivos. De todos modos, las autoridades determinaron que no se suprimirían servicios en los bancos y en los centros educativos. Sin embargo, como el servicio 222 es voluntario, ya que son horas extra, los policías tienden a evitar tareas difíciles o que comprometan su seguridad, por lo cual, a pesar de la postura oficial, también bajó la cantidad de horas de servicio 222 en bancos y centros educativos.

Un exjerarca policial afirmó que "los policías buscan los 222 cómodos, para poder descansar. En los liceos, en los bancos, en los supermercados hay mucho trabajo, y claro que prefieren otro tipo de servicio 222, por ejemplo, en las oficinas públicas, donde son una especie de sereno y no corren riesgos".

Según la misma fuente, el recorte de horas de servicio 222 "estuvo muy mal hecho. Se redujeron las horas en forma drástica, sin efectuar un verdadero estudio de seguridad. Fue a la que te criaste".

Luego de la ola de ocho asaltos a bancos en lo que va del año, y del asesinato del guardia Luis Alberto Moreira este martes durante el atraco a la sucursal Goes del Discount Bank, se desató una polémica sobre el retiro del 222 de los bancos.

Tras la muerte del guardia, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios criticó al Ministerio del Interior por "la falta de patrullaje policial y el cambio irresponsable del servicio 222 por servicios de seguridad privada". Por su parte, el sindicato de los bancarios (AEBU), planteó a las autoridades que haya 222 en todas las sucursales bancarias. "En la medida que no estén los policías, con su efecto disuasivo, a los delincuentes se les hace más fácil", indicó esta semana el dirigente de AEBU Elvio Monegal.

En cuanto a los centros educativos, este año hubo problemas de inseguridad en varios liceos por la falta de servicio 222. En abril, los docentes de al menos tres liceos amenazaron con realizar o realizaron paros por la inseguridad y en reclamo de policías. Según afirmó a El País el director de Renaemse, Juan Carlos Vázquez, "la mayoría de los policías no desean realizar custodias por 222 en los centros de Secundaria por los problemas de convivencia con funcionarios y alumnos".

Guardabultos. Según Pose, algunas empresas optaron por contratar policías en funciones ajenas a la seguridad, para cumplir con la reglamentación del Ministerio del Interior que inhibe a sus funcionarios trabajar en tareas de vigilancia fuera del horario de trabajo.

De esa forma los policías que hasta el 1° de enero hacían guardia, se han transformado en guardabultos, limpiadores o cualquier otra tarea que no se relacione con seguridad. Sin embargo, en caso de que ocurra algún incidente, el agente está obligado a entrar en acción ya que por ejercer otra tarea no deja de ser policía.

Un sector con alta demanda laboral
A pesar de reducción de servicios policiales 222, el presidente de la Federación Uruguaya de Empresas de Seguridad (Fudes), Agustín Pose, señaló que las empresas aún no encuentran dificultades para reclutar personal. Sin embargo, ante el aumento de los niveles de empleo, en el futuro puede ser más difícil para las empresas conseguir trabajadores.

El incremento de la demanda de trabajo en la construcción ya conspira directamente contra el reclutamiento de las empresas de seguridad, dado que allí se pagan mejores salarios.

Según un estudio de la consultora Advice, en el primer trimestre del año, la demanda de vigilantes privados aumentó 92% con respecto al mismo período del año pasado, en base a un relevamiento de los avisos de trabajo en la prensa.

Según Federico Muttoni, presidente de Advice, la demanda laboral en el sector vigilancia se vio "fuertemente influida por la decisión del Ministerio del Interior de recortar horas del 222".

El estudio mostró que el cargo de vigilante es el más solicitado en el área administración, con 1.188 solicitudes en el período.

Los guardias de seguridad son, junto al personal doméstico, los peor pagos de la economía uruguaya. De acuerdo a datos proporcionados por las empresas, hay unos 20.000 vigilantes en el mercado, muchos de ellos son expolicías y militares.

Un directivo de una de las principales empresas de seguridad indicó que la rotación de personal en el rubro es muy alta, y afirmó que en su empresa todas las semanas se anotan al menos 20 personas para realizar el curso de guardia.

Locales perdieron servicio
El 1° de enero, supermercados, centros de enseñanza privada, shoppings, mutualistas, bares, sindicatos y empresas en general debieron sustituir el servicio policial por guardias privados.

En total fueron 101 empresas e instituciones las que al inicio del año dejaron de recibir el servicio policial 222.

La medida fue tomada por el Ministerio del Interior en una búsqueda de mejorar las condiciones de trabajo de los policías, que actualmente llegan a trabajar 16 horas diarias.

La reducción progresiva de horas se verá acompañada por un aumento del salario que perciben los efectivos policiales.

La directiva oficial es que el servicio 222 se continúe prestando en bancos e instituciones educativas públicas.

Los gremios policiales rechazan la reducción del servicio 222, porque en algunos casos representa el 50% de los ingresos de los efectivos.

Los policías tendrán "un tope máximo" de horas mensuales por concepto de servicio 222, y los máximos se irán reduciendo paulatinamente hasta las 50 horas en 2015.

En 2010 había más de 400 mil policías: SSP. (Mexico) 14/4/2011 oem.com.mx

Ciudad de México.- Un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, llamado "Nuevo Modelo Policial", señala que hasta el año pasado había más de 400 mil policías activos registrados en el país, y que en Yucatán los policías perciben el menor salario, con tres mil 975.50 pesos mensuales, mientras que el de mayor percepción económica fue Tamaulipas con 11 mil 946.50 pesos mensuales.

Con base en este estudio, la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas (SMG), señala que en la actualidad, en México hay alrededor de 18 mil escoltas que obtienen, en promedio, un salario de 15 mil pesos mensuales lo que implica un déficit salarial de, por lo menos, 50 por ciento, expuso la Sociedad Mexicana.

A través de su presidente, Julio César García Marín, la sociedad aseguró que un salario digno para un escolta es de 30 mil pesos como mínimo, para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia.

Por estado, hasta el año pasado el déficit salarial de los policías de Veracruz era el más alto al ubicarse en 138 por ciento. En entidades como Chihuahua ese déficit era superior al 40 por ciento, en el Distrito Federal y Morelos de casi 50 por ciento, en Guerrero de 82 por ciento, en Michoacán y Nuevo León de aproximadamente 60 por ciento.

Ante este panorama, el líder de la SMG considera que un policía que perciba un salario digno y que además obtenga beneficios extras para él y su familia, será un elemento más comprometido con la ciudadanía y no con la delincuencia. Con el objetivo de coadyuvar con el gobierno a atender las necesidades de escoltas y policías, Julio César García destacó que un elemento afiliado a la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas (SMG), tendría descuento de hasta de 50 por ciento en la asesoría y representación de un abogado ante el Ministerio Público.

Ataques a escoltas de políticos y empresarios dejan 35 muertos. Mexico. 3/4/2011. cronica.com.mx

Treinta y cinco escoltas de empresarios y políticos han sido asesinados en los últimos cuatro meses, reportó la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas (SMG).

"Y ahora el modus operandi de la delincuencia organizada indica que los ataques se empezarán a concentrar en las familias", alertó Julio César García Marín, presidente de la Sociedad.

Citó como ejemplo el homicidio, esta semana, de la esposa e hija (4 años) de uno de los integrantes del equipo de protección personal del gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte.

En el mismo lapso, de diciembre a la fecha, la SMG tiene registradas cinco agresiones a familias de escoltas, entre golpizas, "levantones", secuestros, amenazas y violaciones -como la de una niña de cinco años-.

-¿Cuál es la intención de las organizaciones criminales?

-Primero seguir con la línea de desestabilizar al gobierno y causar pánico en sectores de la sociedad, pero de manera específica buscan apretarles la cuerda a los escoltas, es decir, sacarles información para explotarla a gran escala, y por otro lado, invitarlos o reclutarlos para actividades ilícitas.

De los 35 casos acreditados, el 70 por ciento corresponde a guardias del ámbito político y el 30 por ciento restante al nivel empresarial o privado.

Los estados con mayor incidencia son Tamaulipas, Chihuahua (Ciudad Juárez), Nuevo León (Monterrey), San Luis Potosí y Puebla.

También esta semana, durante la embestida contra el alcalde del municipio neolonés de García, Jaime Rodríguez Calderón, uno de sus escoltas perdió la vida y cinco más resultaron heridos.

Tras los hechos de los últimos días, la SMG se pronunció porque "los equipos de protección personal de empresarios y políticos manejen un bajo perfil y reconformen una nueva estrategia de trabajo para la protección de personas".

Y, dentro del entorno familiar y social, sugirió "cuidar la información derivada de sus actividades profesionales a fin de proteger la integridad de las familias".

"La invitación a los escoltas es evitar la fanfarronería, porque además de que pone en evidencia su falta de capacitación, aumenta el riesgo para sus vidas y las de sus familiares", señaló García Marín.

Para la seguridad de políticos y empresarios de todos los niveles de gobierno propuso el empleo de "grupos de reacción invisibles o fantasmas".

Expertos de Latinoamérica buscan unificar criterios sobre seguridad privada. 22/3/2011. mdzol.com

La seguridad privada que opera en Latinoamérica está en debate en Costa Rica. Expertos de todo el continente están debatiendio la homologación de requisitos para elevar el valor de su aporte a la seguridad pública.

Reunidos en San José de Costa Rica, los miembros de la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (Clave), analiza la intervención cada vez más importante y desregulada de empresas de seguridad privada en los países de la región.

Esta propuesta surge de los objetivos definidos como prioritarios en la Asamblea del año 2009. Se conforma un grupo de trabajo para la elaboración del proyecto que quedo compuesto por Inecip, Ilsed y Espacios (Argentina) junto con Ielsur (Uruguay) y CEJ (Paraguay).

El trabajo toma como referencia los diagnósticos base en materia de seguridad privada realizados por los miembros de CLAVE en el año 2008. Las instituciones participantes fueron: CEJIP (Bolivia), Ciprodeh (Honduras), Fundación Arias (Costa Rica), Iepades (Guatemala), Amnistía Internacional (Chile), Serpaj (Ecuador), Fespad (El Salvador), Ielsur (Uruguay), Ilsed (Argentina).

Para entender la situación, primero se formuló un diagnóstico en torno a la situación de la seguridad pública para comprender la dimensión del aporte que la seguridad privada provoca en el sistema.

Una forma de entender lo que nos pasa fue graficado con las mutaciones que sufre el espacio público: edificios con el salón de usos múltiples en el último piso y el filtro de seguridad en la entrada, atestados de cámaras. Ese es el concepto de vivir “bien” que ha ido creciendo frente a estados que no han dado en la tecla a la hora de ocuparse de la seguridad y que, por lo tanto, han dejado el tema en manos de empresas privadas. Antes, lo había delegado en las fuerzas policiales y ahora, ni siquiera en miembros de equipos formados por el propio estado.

Es así que se evaluó –como cuestiones negativas- una creciente intervención de las fuerzas armadas en cuestiones policiales y, a su vez, que los países recurren con mayor frecuencia a respuestas puramente policiales ante situaciones de inseguridad que admitirían intervenciones menos violentas y “autoritarias”, según explicó en San José Carola Concaro, del Inecip, entidad argentina que es miembro de Clave.

Se señaló como un problema “la mercantilización del valor seguridad”. Con ello, se quiere indicar que el problema de seguridad de la población queda en manos de productos y servicios que se compran y se venden y, por lo tanto, por fuera del concepto de exclusividad en el manejo del asunto que podría tener el Estado.

Cuando interviene la seguridad privada en el sistema, muchas veces –se analizó- se hace necesario que el negocio no sólo se sostenga, sino que prospere, por lo cual en lugar de buscarle soluciones a la problemática de inseguridad se generan paliativos que no la revierten. Si lo hicieran, se acabaría el negocio.

La privatización de servicios de la seguridad pública ha permitido en Latinoamérica que, inclusive, cuestiones de Inteligencia queden en manos de empresas privadas.

Por eso las organizaciones y centros de estudio especializados en violencia de toda Latinoamérica están proponiendo un prototipo de Ley Marco que regule la seguridad privada, que busque puntos de coincidencia en todos los países y que eviten el hecho de que, frente a tanta inseguridad, también lo que termine por desmadrarse sea la propia seguridad, ya en manos de empresas que buscan lucrar con ese trabajo.

El proyecto que discute Clave tiene que ver con saber quiénes integran las agencias de seguridad y quiénes son los dueños de esas empresas, como cuestión básica que también les exigimos a los políticos.

No hay una buena registración de empresas, armas que manejan y capacitación de sus miembros. En la Argentina –según la propuesta- la cuestión se complica por la composición federal del país que hace que cada provincia maneje el tema a su propia manera y sólo Córdoba les prohíba, por ejemplo, manejar armas de fuego.

La discusión busca interesar a todas las partes y formular un aporte, bajo un concepto central que valora el aporte de estas agencias, pero que sostiene como “fundamental” conceptualizar claramente para que su incidencia en la seguridad de las personas sea real y no una reacción puramente comercial.

Vigilantes extravían 1,700 armas de fuego. (El Salvador). 7/3/2011. laprensagrafica.com

Las agencias de seguridad privada poseen un ejército mayor al de la PNC. Tienen 25,000 guardias y 19,000 armas de fuego legalizadas. Cada día cinco de ellas van a dar al mercado negro. SERCONSE, del fallecido Adolfo Tórrez, perdió 1,000 armas al cerrar operaciones.

De los 27,000 homicidios registrados en El Salvador en los últimos siete años, 21,000 fueron cometidos con armas de fuego, según datos divulgados la semana pasada por el Centro de Criminología y Ciencias Policiacas (CETRIPOL) de la PNC.

De esa totalidad de crímenes, se desconoce cuántos son cometidos con armas legales o ilegales. La Subdirección de Investigaciones de la PNC nunca ha revelado ese dato y tampoco hubo disposición a hacerlo a pesar de las gestiones realizadas.

Datos de la División de Registros y Control de Servicios Privados de Seguridad reveló que en los últimos 24 meses 1,731 armas de fuego registradas por las agencias de seguridad pasaron al mercado negro tras ser reportadas extraviadas. En otras palabras, en los últimos dos años, hay un promedio diario de cinco armas hurtadas, robadas o extraviadas que van a parar al mercado negro.



“Esas armas no pueden ir a parar sino a manos del crimen organizado o delincuentes, ¿por qué aseguro ese dato? Porque son armas originadas de un ilícito, que no pueden venderlas, no pueden hacer nada con ellas, no las puede registrar. El dato es bien delicado solo en estos dos años”, señala Raúl Ortiz Mancía, el jefe de la división policial encargada de registrar y controlar a las agencias de seguridad.

Pero no todas las armas son extraviadas. Muchas son arrebatadas a la fuerza y en ocasiones incluyen la muerte de los guardias de seguridad. En los últimos 24 meses, 529 armas de fuego fueron robadas a los vigilantes.

Controles son débiles

En el país son 274 las empresas de seguridad privada. Esas agencias actualmente mantienen contratados a 25,055 personas, mujeres y hombres mayores de edad, que se han uniformado y convertido en guardias de seguridad privada.

La cifra supera por 4,755 al total de miembros que integran actualmente la corporación policial, que ronda los 20,300.

Según el anuncio hecho por el presidente de la República, Mauricio Funes, el 11 de junio de 2009, durante el traspaso de mando de la dirección de la PNC referido al incremento de la plantilla policial que en ese momento ascendía a 19,000 policías activos y se sumarían 1,300 nuevos miembros graduados de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

Junto a los 25,055 vigilantes, las agencias de seguridad tienen en su poder 19,319 armas registradas por la PNC. Lo cual significa que las armas reportadas como robadas, extraviadas y hurtadas por las agencias privadas constituyen el 8% del total de sus armas.

A pesar de que el número de armas registradas por las agencias que pasan a manos de la delincuencia es alto, según el comisionado Ortiz Mancía, la temática del control de las armas al interior de las empresas es tratada con ligereza. Incluso señaló que algunos encargados de las agencias se percatan de la ausencia de las armas hasta el momento que la PNC realiza la inspección de rutina en la armería de su propiedad y sus respectivos permisos y matrículas. “Empresas que tiene extraviadas, 40 armas, 26 armas, 45 armas, cuando se le llega hacer la inspección ni siquiera ellos saben dónde están. Entonces luego de la inspección ellos se ven obligados a ir a poner el reporte de extravío”, explicó.

La Subdirección de Investigaciones de la PNC aún no revela, a pesar de la petición realizada hace varias semanas, el consolidado de cuántas de esas armas de fuego de las empresas de seguridad reportadas como perdidas han sido utilizadas según el resultado de la prueba balística de la División Técnica y Científica de la Policía en la ejecución de ilícitos.

Tampoco se conoce cuál es el destino y la cantidad de las armas que fueron registradas legalmente por agencias que luego cerraron operaciones por diferentes causas, tal como sucedió en el caso de la agencia Servicios Conjuntos de Seguridad SERCONSE, S. A. de C. V. (ver nota aparte).



Según el comisionado Ortiz Mancía, la PNC y el Ministerio de Defensa no cuentan con asidero legal para tener un control sobre esas armas de fuego: “Nosotros no podemos tomar control de esas armas, porque es propiedad privada, es un activo de la empresa”.

La historia se repite una y otra vez, agencias con 500 armas deciden cerrar, ¿qué sucede con esas armas? “No sabemos, como Policía no podemos hacer un allanamiento, un registro y decomisar, no puede, las tienen (las armas) legales. Tenían unas cajas fuertes donde supuestamente tienen las armas porque ni siquiera nos las dejaron ver”, dijo el jefe policial.

Aprueban regulación a la seguridad privada. (Mexico) 10/2/2011. eluniversal.com.mx

La Cámara de Diputados aprobó, con 399 votos a favor y cuatro en contra, reformas a la Ley Federal de Seguridad Privada, para obligar a las corporaciones de seguridad privadas en todo el país a transparentar su funcionamiento, armamento, reglas y registros sanitarios de los dispositivos que usan para cumplir sus tareas.

“Las empresas de seguridad privada han tenido un crecimiento exponencial, por lo que deben someterse a la regulación en todo su equipo tecnológico y balístico, porque no tenemos ese control (y) estas mismas empresas pueden eventualmente entrar en complicidad con organizaciones criminales”, señala el dictamen de reformas al artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Pública.

El documento aclara que las empresas no suplantarán a las autoridades de los tres niveles de gobierno encargadas de dicha función.

Las modificaciones anexan a los requisitos para prestar servicios de seguridad privada de la Ley Federal de Seguridad Pública, la obligación de que entreguen una relación de bienes inmuebles que utilicen para el servicio, incluido equipo de telecomunicaciones, armas, vehículos y aditamentos complementarios al uniforme.

Los prestadores de estos servicios que operen con dispositivos, sistemas o procedimientos técnicos especializados, tendrán que presentar una relación y muestra física de los equipos que utilicen para obtener la autorización.

El dictamen de la Comisión de Seguridad Pública señala que el objetivo es reforzar los requisitos a empresas que ofrecen servicios de vigilancia, rastreo, monitoreo y seguimiento de personas y vehículos, como dispositivos de localización que operan vía satélite.

“La problemática en el aumento de la incidencia delictiva, además de exigir mayor eficiencia en el funcionamiento de los cuerpos policiales, propicia que la sociedad busque medios y mecanismos alternativos para proteger su patrimonio y su integridad personal, por lo que el sector de la seguridad privada cobra auge, al constituirse como una actividad estratégica coadyuvante de la seguridad pública.

“Es importante actualizar el contenido de la ley, a fin de que las empresas dedicadas a prestar los servicios de alarmas y de monitoreo electrónico eleven el nivel de seguridad de los usuarios, estableciendo los requisitos que se deben cumplir, así como las condiciones mínimas de seguridad”, se destaca en el dictamen avalado ayer, y que fue turnado a la Presidencia de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cuenta Baja California con 240 guardaespaldas. (Mexico) 16/1/2011. uniradioinforma.com

En Baja California, se cuenta con una fuerza laboral de personal de seguridad privada de al menos 6 mil elementos, dio a conocer Miguel Ángel Díaz Ordaz, jefe de los Servicios de Seguridad Privada de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.

Dijo que de esos 6 mil guardias de seguridad, 240 son guardaespaldas.

Mencionó que existen 158 agencias dedicadas al servicio de seguridad privada certificadas por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, que preside Daniel de la Rosa Anaya.

Destacó que Baja California se ha convertido en punta de lanza en el país en materia de seguridad privada.

Aerolíneas contratan personal de seguridad en los aeropuertos. (República Dominicana) 8/1/2011. diariolibre.com.do

AEROPUERTO LAS AMÉRICAS. Al menos 13 compañías de seguridad privadas convergen en las terminales aéreas del país paralelamente a las operaciones de resguardo que realiza el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA), mientras que los aeropuertos concesionados garantizan su propia seguridad al igual que la de las empresas que en ellos operan.

Datos ofrecidos a DL, dan cuenta que las aerolíneas han tenido que recurrir a la seguridad privada dando a entender que no confían dejar su seguridad en mano del organismo oficial rector de la seguridad de los aeropuertos y, aunque de manera tímida han tocado el tema, explican que le conviene más poner sus propios cuidados en sus operaciones.

Entre 2009 y 2010 han expulsado y sometido a la justicia a 126 agentes del CESA, por estar involucrados en casos de narcotráfico, objetos robados a viajeros y extorsión a pasajeros en diferentes aeropuertos del país.

Entre las compañías que operan los manejos de seguridad en torno a las aeronaves, equipajes, servicios en rampa, y vigilancia se encuentran Servair, Ventura Cruz & Asociados, Swissport, Eulen, LongPort; esta última es un modelo puesto a funcionar en Sur y Centroamerica luego del fracaso de la seguridad de los gobiernos en los aeropuertos de la región.

A esto se suman otras agencias de seguridad que operan en las tiendas y varias más en el área de carga. Se contratan hasta compañías de guachimanes para el cuidado de mercancías en los depósitos en combinación con la seguridad de aduanas.

Según cuentan fuentes de las aerolíneas y otras compañías, han podido bajar la tasa de pérdidas de objetos y de equipajes que llegan a bordo de aeronaves por las principales estaciones aéreas.

"Esto se ha implementado porque cuando no teníamos seguridad privada nos reportaban a diario cientos de robos de equipajes y objetos, por tal razón adoptamos dichas medidas y contratamos seguridad para resolver el problema", dijo la fuente.

A pesar de tanta seguridad privada en las terminales aéreas, el Estado le otorga al CESA un dólar por cada pasajero de entrada y salida por los aeropuertos del país.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas días atrás por Luis Rodríguez Ariza, presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), los aeropuertos dominicanos movilizaron durante el 2010, 9.4 millones de pasajeros, lo que significa que el CESA, por ley, recaudó US$9.4 millones.

Datos ofrecidos en las terminales del país dan cuenta que el CESA mantiene una nómina de unos 15 oficiales superiores por aeropuerto, entre coroneles, tenientes coroneles y mayores.

La desconfianza exhibida por las operadoras de los aeropuertos es tal, que el sistema de cámaras y monitoreo de circuito cerrado es operado en cada terminal por la seguridad privada, y cuando los organismos de seguridad del Estado se ven precisados tienen que implorar a esta seguridad que le muestren algunas fílmicas de CCTV.

Las compañías de seguridad contratadas por las aerolíneas tienen también departamentos de documentación, los cuales verifican los datos y papeles de pasajeros, lo que les ha permitido detectar decenas de pasaportes, actas de nacimientos y tarjetas de residencias de Estados Unidos y Europa falsificadas.

Agentes por aerolínea

Entre las compañías de seguridad que le dan servicio a las aerolíneas se encuentran Servair, que opera con unos 25 agentes que se rotan y le dan servicios a Jet Blue, Air Europa y Air France, Liat y Air Caraïbes. Mientras Delta tiene su seguridad soportada en Swisport, con un promedio de 15 agentes. Eulen, con 22 agentes, ofrece seguridad a Iberia. American Airlines labora en su propia seguridad con 25 agentes, para el cuidado de maletas en rampa se encuentra la compañía Long Port con unos 25 guardianes, mientras que Ventura Cruz ejerce la seguridad con 30 agentes para las aerolíneas Copa y Continental Airlines.

Congreso aprobó ley que regula las agencias de seguridad. (Guatemala) 24/11/2010. prensalibre.com

El Congreso de la República aprobó ayer la ley que regula los servicios de seguridad privada, para lo cual se crea una dirección encargada de imponer controles a quienes prestan ese servicio, al tiempo de establecer infracciones, sanciones y delitos para agentes y las empresas.

Tal como se había acordado en varias sesiones y consensos, el Legislativo aprobó el decreto 52-2010, norma que pretende imponer controles a unos 150 mil agentes privados en el país.

Con el apoyo de la mayoría se aprobó la ley que establece delitos como el de servicio ilegal de seguridad privada, que será sancionado con prisión de seis a 12 años y multa de Q100 mil.

En la misma responsabilidad incurrirán quienes contraten empresas o a personas no autorizadas para brindar ese servicio.

Enmienda cuestionada

Durante la jornada, el Pleno aprobó una enmienda con la cual se excluye a los extranjeros para prestar el servicio de escoltas o de investigación privada.

El diputado unionista Mariano Rayo cuestionó esa enmienda, al considerar que podría ser objeto de impugnación, debido a que contraviene el principio de libertad de contratación y trabajo establecido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Ley de Inversión Extranjera.

También la norma establece para mejorar el control de las empresas la creación de una dirección adscrita al Ministerio de Gobernación, con la función exclusiva de autorizar licencias de operación y funcionamiento del servicio.

Además, tendrá la facultad de suspender o cancelar la licencia, efectuar vistas de control, fiscalización, supervisión de las empresas e imponer sanciones administrativas o pecuniarias, así como vigilar que los agentes sean capacitados.

Obligaciones de las empresas

Las firmas de seguridad quedan obligadas a presentar anualmente una nómina del personal operativo y administrativo, con copia de cédula, certificaciones de estudios y documentos que acrediten sus calidades para esos cargos, así como documentos que demuestren la propiedad, registro e inventario de armas y municiones.

Las empresas deben garantizar el seguro de vida para sus trabajadores y seguro de responsabilidad civil a favor de terceros.

Entre los requisitos para ser guardia privado está ser mayor de edad, y en caso de haber pertenecido al Ejército o a cualquier otra institución relacionada con inteligencia o seguridad, demostrar que su salida no se originó por causas como la comisión de un delito, violación de derechos humanos o incumplimiento de obligaciones.

La referida ley cataloga a los agentes así: vigilantes, quienes no pueden portar arma de fuego; guardias, quienes portan arma de fuego y han cursado ciclo de educación básica; escoltas privados, quienes pueden portar arma y han aprobado el ciclo diversificado; e investigadores privados.

Nery Morales, vocero del Ministerio de Gobernación, comentó: “Hay dos aspectos importantes, uno es el control que se pueda tener sobre el número de guardias, y segundo es que si tienen conocimiento de algún hecho ilícito, se coordinen de inmediato con la Policía Nacional Civil”.

El negocio de custodia personal ha crecido más de 80% en diez años. (Venezuela) 21/11/2010. eluniversal.com

Los riesgos a la seguridad de las personas se han incrementado en el país y van desde secuestros y robos a extranjeros que suben a Caracas desde el aeropuerto de Maiquetía, pasando por los plagios de los que son objetos hijos de comerciantes en distintas zonas de la capital.
Es a ese público al que le prestan servicio unas ocho empresas que ofrecen desde taxis blindados, hasta el diseño de esquemas de custodia para todos los miembros de una familia.
El director de una de las primeras compañías del ramo, que ha solicitado mantener su nombre en reserva, explica que ellos tienen 30 años en el negocio de custodia y que en los últimos diez los requerimientos de sus servicios se han incrementado por lo menos en 70%.
José Antonio Khliefat, presidente de PBG Servicios Ejecutivos, está certificado por la Asociación Internacional de Guardaespaldas, y tiene 15 años en el negocio. En los últimos 10 la demanda de sus servicios ha crecido más de 100%.
Para Khliefat una de las muestras de eso es que hace diez años había dos empresas de blindaje de carros en el país; hoy existen 17.

Esquemas de custodia
La primera empresa consultada tiene tres tipos de esquemas de seguridad: Traslado seguro desde y hasta el Aeropuerto de Maiquetía; traslado seguro en la capital -incluso para llevar a jóvenes a una fiesta-, y diseño de esquemas de seguridad.
En los traslados estas empresa cuentan con un promedio de entre ocho y doce unidades con blindaje que van de grado 3 a 5, chofer, y un especialista en protección personal.
Sólo el traslado puede costar de 1.000 a 1.500 Bs. y en otros casos hasta 2.500 dependiendo del tipo de unidad blindada, el riesgo del objetivo: si es económico, político, o religioso; y si es necesario usar custodios motorizados de apoyo.
Quienes usan estos servicios suelen ser clientes corporativos internacionales, pues explican que han sido las trasnacionales las que han creado esta cultura de custodia. Pero también han comenzado a usarlos privados, muchos de los cuales tienen ellos mismos carros blindados, y solo usan los servicios de escoltas y los diseños de esquemas de seguridad.
Una de estas empresas prestan seguridad a siete grupos familiares. Su labor incluye estudios de custodia de las empresas familiares, residencias y las rutas que siguen a diario los integrantes de cada familia.
Un solo custodia especializado que preste un servicio a un cliente VIP puede costar entre 8 y 12 mil bolívares mensuales.
Khliefat dice que hay clientes VIP que tienen desde seis hasta 70 personas de custodia rotativa. Esos servicios pueden costar hasta 17 mil bolívares cada mes.
Además de atender a ejecutivos de transnacionales, el grupo PBG trabaja con cantantes que vienen a dar conciertos al país. Aclara que Venezuela es uno de los países de mayor riesgo en materia de seguridad, por ello embajadas como la de Estados Unidos recomiendan el uso de empresas de custodia a los ejecutivos de compañías.
Explica Khliefat que manejan esquemas de anillos de custodia abiertos, donde los escoltas están menos a la vista, y, para presidentes de algunas empresas, usan anillos cerrados, diseñados como si se tratara de un jefe de Estado.
Dentro de las actividades que se plantea la empresa que dirige Khliefat, desde enero de 2011, como parte de la labor social de la compañía, dictarán charlas en colegios sobre protección y lo que son drogas como la escopolamina ("burundanga").

Policías escoltas
En la nómina fija de algunas de estas empresas existen funcionarios policiales activos.
Una de las fuentes explicó que mantiene a cinco funcionarios activos de la Policía Metropolitana que, a su vez, entregan a su superior inmediato una suma de dinero porque le permita tener este "otro" trabajo. De hecho explican que esos funcionarios ya están listos para pasar a la nueva Policía Nacional Bolivariana, donde ya tienen listo el acuerdo para seguir en las funciones de seguridad privada que realizan.
Pero en medio del crecimiento de la seguridad privada, el director de una de estas empresas señala que, bien se podría trabajar con escoltas sin armas, siempre y cuando las personas asumieran la responsabilidad de su propia seguridad, siendo más conscientes de lo que hacen y estando más atentos.
Dice que ese significaría una disminución de los delitos, pues mientras el Estado resuelva los problemas de la seguridad pública, la labor de los ciudadanos debe ser evitar convertirse en una potencial víctima.

Aprueba Senado Ley de Seguridad Privada. 28/10/2010. jornada.unam.mx

Amplía las obligaciones de los prestadores del servicio para evitar que pongan en peligro a la sociedad, y crea un registro de los fabricantes y usuarios de blindajes.

México, DF. El Senado aprobó la Ley Federal de Seguridad Privada, que amplía las obligaciones de los prestadores del servicio para evitar que pongan en peligro a la sociedad, y crea un registro de los fabricantes y usuarios de blindajes.

El dictamen, avalado con 68 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, otorga a la Secretaría de Seguridad Pública un control mayor sobre las empresas de seguridad privada que incurran en omisiones o violaciones a la Ley de la materia.

De igual manera, la ley, que fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación, obliga a quienes prestan ese servicio a observar los principios de integridad, dignidad, protección y trato correcto a las personas, así como el uso racional de la fuerza.

También establecen sanciones como la suspensión por 30 días de las actividades de esas empresas y, en su caso, la revocación de la autorización para prestar los servicios de seguridad privada.

Estas sanciones se aplicarán, entre otras causas, por asignar elementos operativos para prestar servicios o actividades de seguridad privada sin que cuenten con autorización vigente, y proporcionar datos falsos a la Secretaría de Seguridad Pública.

Además, los prestadores de dichos servicios deberán crear y mantener un registro de compradores y usuarios, con sus datos personales.

Para un mayor control de la Secretaría de Seguridad Pública frente a prestadores de servicios de seguridad privada, que incurran en omisiones o violaciones a la Ley de la materia, dicha dependencia debe contar con interés jurídico por Ley para acudir a otras instancias legales.

El dictamen fue discutido el pasado jueves 21 de octubre, pero cuando se sometió a votación se detectó que no había quórum, por lo cual la sesión se suspendió y se aplazó la aprobación hasta este jueves.

mas información en eluniversal.mx

Buscan instalarse en Mexico compañías de seguridad que laboran en Afganistán. 28/10/2010 diario.com.mx

Compañías de seguridad internacionales, que actúan como grupos paramilitares, habrían centrado en la frontera norte una posible área de negocio luego de que el gobierno de Afganistan decretó su salida de aquel país a mas tardar a finales de este año.

La compañía de inteligencia global Stratfor, en uno de su reportes semanales asegura que empresas estadounidenses de seguridad privada que operaban en Afganistan pretenden trasladarse a México y para ello existe una presión mediática muy importante en la que se resalta la violencia que ocurre aquí.

Stratfor, dedicada al análisis de información política, económica, militar y de seguridad alrededor del mundo, sostiene que en las últimas semanas algunos homicidios de ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano han tomado una inusual difusión en los medios de aquel país.

Cita por ejemplo el presunto homicidio del estadounidense David Hartley, quien desapareció el 30 de septiembre mientras navegaba con su esposa en el lago Falcón, unos 200 kilómetros al sur de San Antonio, Texas, en la frontera entre ambos países.

El asesinato -todavía no confirmado- de Hartley fue retomado con mucha difusión por un sector de la prensa americana, incluso, en un hecho inédito, la secretaria de Estado Hillary Clinton hizo fuertes declaraciones sobre el particular.

“El gobierno de Estados Unidos está apoyando a las autoridades de la frontera a encontrar el cuerpo y al perpetrador del crimen. Nos enferma el hecho, así como nos enferma la violencia en México dirigida contra mexicanos inocentes y entre cárteles rivales”, agregó.

Esa calificación de “enfermiza” a la situación que vive el país le generó severas criticas a Clinton, pero aún así mantuvo su dicho.

Las conclusiones de Stratfor se derivan en parte del decreto que emitió el 23 de agosto pasado el presidente de Afganistan, Hamid Karzai, en el cual fija un plazo de cuatro meses para que las 52 compañías de seguridad que operan en aquel país se disuelvan. De ellas 26 son estadounidenses.

Un informe del Congreso de los Estados Unidos sobre la guerra en Irak determinó que del 2003 al 2007 el gobierno del vecino país gastó alrededor de 85 mil millones de dólares en contratar alrededor de 105 mil paramilitares de dichas compañías.

Sus principales funciones fueron las de protección a puntos estratégicos como oficinas gubernamentales, instalaciones militares, embajadas, así como escolta de funcionarios, entrenamiento a cuerpos de seguridad locales, rescate de rehenes, y captura de objetivos enemigos, entre otros.

Sin embargo su salida de Afganistan es inminente, y con ello llegara la falta de subsidio gubernamental.

En América latina la operación de las llamadas empresas militares privadas existe desde hace unos años en Colombia, donde por presiones del gobierno de Washington tienen una participación activa en el combate al narcotráfico, particularmente en la destrucción de plantíos de coca.

Funciones principales de las “empresas militares privadas”:

Suministran servicios y materiales como logística, armamento, telecomunicaciones, y protección de edificios o personas en el contexto de la seguridad y defensa, sus clientes principales clientes son gobiernos y fuerzas armadas.

Policía busca coordinar esfuerzos de vigilancia con guardas privados. (Nicaragua) 23/10/2010. elnuevodiario.com

Se ha orientado a los vigilantes prevenir el delito en los puntos que resguardan y que colaboren con las autoridades policiales, dice presidente de empresas de seguridad

Carlos Chávez, vigilante de la empresa privada de seguridad C y B, considera que es mejor trabajar como guarda de seguridad que como policía, ya que se obtiene un mejor salario, se trabaja menos, pero reconoció que ambos corren los mismos riesgos.

“Económicamente es un poco mejor, porque la Policía tiene un régimen económico estándar que no supera el mínimo de 3 a 4 mil córdobas, mientras que los guardas de seguridad tienden a subir hasta 5 ó 6 mil córdobas al mes. La Policía trabaja un poco más con la situación delictiva que hay, mientras que los guardas de seguridad están más fijos”, razonó Chávez.

En nuestro país hay unos 13 mil 500 guardas de seguridad privados, mientras que la Policía cuenta actualmente con 11 mil policías. Teniendo en cuenta esa diferencia, las autoridades policiales pretenden articular esfuerzos con las empresas privadas de vigilancia, para mejorar la seguridad ciudadana.
Coordinar esfuerzos
“Al articular hablamos del apoyo de las empresas de seguridad en dos líneas; en la parte preventiva y en la reactiva. La primera es desde el punto de vista de información y toda su tecnología electrónica. La segunda se refiere a cuando el hecho ya ocurrió y que por lo menos (los guardas) sepan preservar el lugar del hecho”, explicó ayer el comisionado general Francisco Díaz, jefe de Seguridad Pública de la Policía Nacional, durante la inauguración de la Primera Expo Feria Internacional de Seguridad Privada.

Alberto Castillo, Presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Nicaragua, señaló que los empresarios han orientado a los guardas a prevenir el delito en los puntos que resguardan y que colaboren con las autoridades policiales proporcionando los beneficios de los aparatos tecnológicos.

“Cuando las economías se van desarrollando, las poblaciones van teniendo más demanda de seguridad. Si tenés una farmacia o un restaurante, la Policía no está obligada a ir a ponerte a un efectivo allí las 24 horas del día para proteger tu negocio y lógicamente vos tenés que contratar servicios de seguridad privada”, justificó Castillo la presencia del mayor número de guardas privados que policías.

Los mexicanos se ‘arman’ ante el narco. 14/10/2010. cnnexpansion.com

Las ventas de las empresas de seguridad del país se han incrementado un 11% con respecto a 2009; la creciente violencia desató el miedo en la población, sobre todo a habitantes de la zona norte.

El gasto en sistemas de alarma, guardaespaldas y consultorías de riesgo está en auge en México, al tiempo que las empresas buscan proteger sus activos mientras los medios reportan a diario la creciente violencia de la guerra del narcotráfico.
El gasto en servicios de seguridad privada en el país se ha incrementado en un 11% este año respecto al 2009, según el Consejo Nacional de Seguridad Privada, una asociación de proveedores del sector.

Durante el mismo periodo, el gasto en seguridad se disparó un 33% a lo largo de la extensa frontera entre México y Estados Unidos, que ha visto la mayor alza en la violencia desde que el Gobierno lanzó una campaña contra los cárteles del narcotráfico a finales del 2006, dijo el Consejo.

Más de 29,000 personas han muerto desde diciembre del 2006, mientras los cárteles del narcotráfico se pelean entre sí por las rutas para pasar la mercancía principalmente hacia Estados Unidos, y atacan con armas automáticas y granadas a los policías y militares enviados para controlar la violencia.

Aunque la tasa de asesinatos per cápita de México continúa por debajo de otros países de la región, como Venezuela, Brasil y Guatemala, empresarios y extranjeros son sometidos a una continua serie de imágenes de narcos decapitados y hasta coches bomba.

"Hemos tenido aumentos en las llamadas y aumentos en las ventas", dijo Carlos Aguilera, director de la mayor distribuidora de equipo de seguridad del país, Inalarm. "Es el miedo", añadió.

México, la segunda mayor economía de América Latina, se está recuperando lentamente de una fuerte recesión provocada por la caída de la economía de su mayor socio comercial, Estados Unidos.

La mayoría de los mexicanos no ha sido tocada personalmente por la violencia del narco, pero incluso la percepción de un deterioro en la seguridad puede tener implicaciones económicas.

Algunos analistas financieros han advertido que la guerra contra los traficantes de drogas puede causar problemas, al elevar el costo de hacer negocios.

Y eso se ha convertido en una oportunidad para las empresas de seguridad, que según estimaciones del Consejo realizan ventas por 1,000 millones de dólares al año, incluso cuando los costos de seguridad elevados reduzcan la rentabilidad de las firmas.

Guardias sospechosos.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en México (AmCham) realizó una encuesta de 286 de sus miembros corporativos y casi un 60% de ellos dijo sentirse "menos seguro" en el 2009 que lo que se sintieron un año antes. La mitad reportó crímenes o amenazas a sus empleados.

Los estados más preocupantes para los miembros de la AmCham son Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, todos cercanos a la frontera entre Estados Unidos y México, en áreas estratégicas para los traficantes de drogas.

La vasta capital, Ciudad de México, se ha mantenido hasta el momento relativamente libre de violencia del narco, pero los residentes más ricos viven en alerta ante la posibilidad de secuestros para pedir rescate.

Las empresas encuestadas dijeron que gastaron un 3% de sus costos operativos en seguridad, en línea con el resto de América Latina, pero menos que el 7% que se gasta en Estados Unidos.

También existen preocupaciones acerca de lo que un crecimiento en el volumen de empresas de seguridad privada -que se han ganado una reputación de excesiva dureza en lugares como Irak- podría significar para México.

Los guardaespaldas necesitan una licencia para llevar armas de fuego, pero el Gobierno mexicano no tiene un procedimiento para certificar a las firmas de seguridad privadas. Eso ha llevado a cuestionamientos sobre el profesionalismo y entrenamiento del personal de algunas empresas.

Mario González-Román, ex jefe de seguridad de la embajada de Estados Unidos en México, dijo que algunas empresas no reguladas de seguridad privada han empleado a ex policías con vínculos a los narcotraficantes.

"Se trata de lograr que este tipo de trabajo lo haga la gente que tiene las habilidades adecuadas", dijo Bob Oatman, un experto en seguridad de Estados unidos. "¿Vas a dejar que cualquiera haga esto? Esa es la pregunta".

Empresas de seguridad se vuelve rentable en Republica Dominicana. 14/10/2010. misdesahogo.com

Las empresas de seguridad y las distintas formas existentes de protección de bienes en República Dominicana se han convertido en un negocio rentable, en el cual intervienen distintos productos y servicios que surgen con los fines de asegurar las inversiones realizadas tanto en compañías como en hogares.
Cada persona en este país busca la forma de asegurar de manera individual sus pertenencias de acuerdo al valor de las mismas.

Quienes viven en casas pequeñas acuden a proteger sus pertenencias utilizando medios como rejas y candados, mientras que las personas que tienen las residencias más grandes y costosas se ven en la obligación de requerir los servicios de cámaras de seguridad, alarmas, vigilantes y monitoreo constante de todo el que entra o pasa por la vivienda.

Un paquete de seguridad que incluya cámaras, alarma, monitoreo y un agente, según la empresa Security Force, puede costar alrededor de RD$1 millón al año.

Este precio en el entendido de que las cámaras no están incluidas. Un vigilante de esta empresa le cuesta al cliente un promedio RD$79,344 mensual y un sistema básico de alarma RD$35 mil.

En tanto que el gerente general de la empresa Alarmas 24 afirmó que dependiendo del sistema de seguridad que se requiera para una empresa o residencia el mismo podría costar desde RD$9,000 hasta más de RD$2 millones.

Mientras que el presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), Bismarck Tavárez Caminero, dijo que los precios por horas de los vigilantes van desde 52 en adelante para los clientes. “Pero los precios van a depender de la calidad de las personas que quieran los clientes”, indicó.

Aunque el auge de los medios de seguridad que utilizan las personas se queda corto con el avance que ha tenido la delincuencia en los últimos tiempos, es cierto que una gran cantidad de empresas ofrecen en República Dominicana servicios de seguridad tan modernos, que cada vez se les hace más difícil a los delincuentes realizar sus fechorías.

El vicepresidente de Security Force, Adi Grimberg, informó que la demanda de servicios de seguridad ha aumentado tanto, que esa empresa en particular en ocasiones no puede satisfacer la necesidad inmediata de los clientes. “A veces tengo que rechazar clientes, porque viene alguien y me dice necesito un vigilante para hoy y eso es imposible para esta empresa, porque es que un vigilante requiere de un proceso de depuración, entrenamiento y eso se lleva su tiempo”, dijo.

El presidente de la Adesinc manifestó que en los últimos dos años se han sumado a las ya existentes, 75 compañías de seguridad que ofrecen sus servicios en distintos puntos del país.

Dijo que el aumento de la delincuencia y la imposibilidad del Estado de contrarrestarla completamente debido al crecimiento vertiginoso de la ciudad, han permitido el desarrollo paralelo de la seguridad privada.

“Debido a que la Policía Nacional no puede ofrecer una seguridad individual, sino colectiva, es que la gente se preocupa y sobre todo quienes tienen más, por tener una seguridad privada”, indicó.

Tavárez manifestó que las compañías de seguridad privada son un complemento a la Policía Nacional, ya que las mismas tienen alrededor de 28 mil hombres en las calles que ofrecen 12 horas de servicios diariamente de forma individual.

Recordó que hace diez años la jefatura de la Policía había informado que las empresas de seguridad frenaban la delincuencia en un 35% y que ese número se mantiene en la actualidad igual o más elevado de acuerdo a la participación de la misma en las acciones preventivas que se llevan a cabo en el país.

Tavárez expresó que la seguridad electrónica en principio tiende a disminuir la presencia de agentes, pero aseguró que cuando se activa este tipo de herramienta es porque ya la propiedad privada ha sido invadida.

“Cuando se dispara una alarma es porque ya se han metido a tu propiedad, o ya han roto una ventana. O sea que no es preventiva, por lo que la seguridad física nunca será sustituida, en virtud de que el hombre como tal, en un puesto de servicios sirve de prevención”, afirmó.

Consideró que la seguridad electrónica es un complemento de la física. Dijo que donde hay un hombre de seguridad también se recomienda un sistema de alarma.

Según Despradel, los servicios que más se están demandando en la actualidad son los de alarmas de detección de intrusos o de ladrones con acompañamiento de monitoreo y asistencia armada.

“Esa es básicamente la mayor demanda tanto a nivel comercial como residencial, también debido a la popularización y a una disminución en los precios la cobertura de cámara es un renglón que ha venido con una gran demanda en los últimos dos años”, expresó.

Indicó que normalmente el cliente adquiere su alarma, y paga una tarifa mensual, trimestral o anualmente por el servicio de monitoreo y asistencia personalizada para cuando suceda cualquier evento de detección de robos.

El ejecutivo informó que una empresa de seguridad lo que le garantiza al cliente es minimizar los riesgos, pero afirma que siempre existe un margen en el que un ladrón podría acceder a la propiedad privada por distintas razones.

“Un ladrón no llega a una casa o a un negocio sin hacer su plan previo de la ruta y de lo que se va a llevar y normalmente son acciones muy rápidas, o sea que por muy diligente y efectivo que sea nuestro servicio siempre hay un margen en el que el ladrón puede sustraer algo”, precisó.

AVANCE EN EL SISTEMA DE MONITOREO
NECESIDADES
En materia de seguridad y protección de bienes en República Dominicana se implementan distintos tipos de tecnologías que van desde una simple alarma que sirve para detectar a intrusos o ladrones, cámaras de videos con servicios de monitoreo y GPS para ver en tiempo real el las inversiones que se deseen proteger.

Todos los servicios de seguridad y protección de bienes existentes en el país se incrementan de acuerdo al augen de la delincuencia.

En ese sentido los promotores de servicios de seguridad explican a sus clientes que los mismos sólo sirven para alertar y reducir los riesgos de robos, pero no garantizan 100% la seguridad del bien protegido.

Interior en un "codo a codo" con el sector seguridad privada. (URUGUAY). 9/9/2010. Elpais.com

El Ministerio del Interior se acerca a empresas de seguridad para integrarlas a sus políticas de seguridad pública. Una feria a realizarse en octubre permitirá reunir a oficiales de Policía y especialistas privados.

El lanzamiento oficial de la tercera edición de Expo Segur 2010, una feria de empresas de seguridad que este año se desarrollará en el Radisson Victoria Plaza, se hizo ayer en la sede del Ministerio del Interior.

Al presentar el evento que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de octubre, el ministro Eduardo Bonomi argumentó que los problemas de seguridad pública que vive el país hacen de la seguridad privada una buena complementación.

"Más cuando nosotros en el presupuesto que acabamos de presentar al Parlamento Nacional incluimos el aumento en la remuneración de los policías, acompañado de la disminución del servicio 222", argumentó el ministro del Interior.

Si bien el Secretario de Estado aclaró que esa disminución no implica que la Policía deje de prestar el servicio contratado, sí señaló que aspira a bajar el promedio de 200 horas mensuales que cumplen los efectivos ahora, a 50 horas para 2015, acompañado de una equiparación de los salarios.

"Nosotros no queremos dejar de prestar el servicio, seguridad financiera, seguridad en liceos, lo que pretendemos es que no se cubra el servicio con horas extraordinarias de la Policía", explicó Bonomi.

En ese marco, el ministro aseguró que se procurará trabajar con el sector privado en distintos temas de seguridad pública. Puso como ejemplo el de la construcción de cárceles granja. "El problema (de la seguridad) requiere soluciones combinadas públicas y privadas", argumentó.

De hecho, en el programa de charlas y conferencias que se desarrollará durante la Expo Segur 2010, varias de ellas son ofrecidas por mandos de la Policía y del Ministerio del Interior. Tales los casos del director de Policía Caminera, el de Identificación Civil, oficiales de Bomberos, y oficiales de las direcciones de Seguridad y de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo en la nómina de conferencistas.

Como dato curioso, el jefe de Delitos Complejos dictará una conferencia en torno al tema "secuestro exprés", modalidad cuya variante se conoció en Montevideo.

El evento, al que se puede concurrir previa inscripción con un costo de US$ 25, será precedido por tres cursos "pre congreso". Uno de "manejo de situación ante amenaza de arma de fuego y arma blanca", a cargo del Cuerpo de Seguridad del Radisson y Holiday Inn; otro de manejo defensivo de ciclomotores y motos, a cargo del técnico prevencionista Roberto Chuhurra del Banco de Seguros del Estado, y otro del sistema de inmovilización de sospechosos con técnicas utilizadas por equipos SWAT y el FBI, a cargo del instructor del CCDP Jaime Marques.

La feria
El programa de Expo Segur 2010, incluye una feria temática además del ciclo de conferencias que se desarrollará en el Salón Ballroom del Radisson. Incendios estructurales, seguridad empresarial, sistemas electrónicos, seguridad en barrios privados, accidentes de tránsito, seguridad electrónica, seguridad bancaria, y seguridad domótica (casas inteligentes). Los interesados podrán ver equipos de protección, sistemas de detección, literatura especializada, equipos de control y vigilancia, sistemas de alarma, sistemas de protección de datos.

9 de cada 10 empresas de seguridad son patito. (MEXICO) 8/9/2010 diarioportal.com

La entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México, recientemente aprobada por la LVII Legislatura mexiquense, contribuirá a erradicar cientos de “empresas patito” que operan en ese campo, aseguró Avril Castillón, vicepresidenta de Seguridad Pública de la Cámara Nacional de Comercio de Toluca.
La también propietaria de la empresa de seguridad privada MM3, aseguró que desafortunadamente sólo una de cada 10 compañías que ofrecen este tipo de servicios en el estado de México operan legalmente y cumplen con todos los requisitos que la ley establece, para garantizar que el personal no tenga antecedentes penales ni esté boletinado por haber causado baja en corporaciones policíacas federales, estatales o municipales.
“Esta Ley de Seguridad Privada es lo que se necesita para actuar en contra de esas compañías que ofrecen este tipo de servicio y constituyen todo un riesgo para quienes las contratan, porque mucho de su personal no cumple los requisitos ni está capacitado y las propias compañías carecen del equipo e infraestructura necesarias”, dijo.
Señaló que la Ley de Seguridad Privada del Estado de México es muy firme en cuanto a las sanciones a las que se harán acreedores aquellos que no cumplan las normas mínimas de operación, por lo que esto podría ayudar a desterrar a cientos de empresas “patito”.
Por último, confió en que la Agencia de Seguridad Estatal cumpla la función que le ha sido asignada, para supervisar a aquellas compañías de seguridad privada que operan en el estado de México, y pidió que sea inflexible en la aplicación de sanciones y clausura de todos aquellos que no cumplan el nuevo marco legal.

Gonzales Posada pide reglamentar ley que incorpora 120,000 agentes privados a seguridad. (PERU) 15/8/2010 andina.com.pe

El congresista Luis Gonzales Posada pidió que en la próxima sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se apruebe el reglamento sobre la Ley de Servicios de Seguridad Privada, que permitiría incorporar 120,000 agentes a la lucha contra la delincuencia.
Resulta urgente que durante el consejo convocado por el Ministerio del Interior se defina esa norma, para que la Policía Nacional tenga el apoyo del sector privado a fin de reforzar la seguridad ciudadana, dijo el legislador integrante de la Comisión de Defensa del Congreso

“Esta ley permitirá que más de 120,000 agentes privados puedan brindar un apoyo eficiente a la Policía Nacional. Se trata de una iniciativa que se aprobó hace cuatro años y que lamentablemente no se está aplicando porque no se promulga el reglamento.”

Explicó que en el país hay más de 500 empresas privadas de seguridad registradas que cuentan con más 87,000 agentes que tienen a disposición 50,000 armas de fuego, 15,000 equipos de comunicaciones y más de 2,000 vehículos.

Refirió que a ese volumen habría que agregar un importante número de agentes adicionales que cumplen labores de seguridad y que no están registrados.

“De aprobar el reglamento se podrá integrar ese enorme volumen de miembros de seguridad como un apoyo y auxilio a la Policía, igual que ocurre en Estados Unidos y Europa.”

Remarcó que las empresas privadas tienen un enorme potencial para ayudar a la Policía Nacional a enfrentar la delincuencia, pues cuentan con buenos equipos y sistemas para apoyar en esa labor.

En otro momento, sostuvo que impulsará en el Congreso la aprobación del proyecto de ley que crea la Escuela de Serenos Municipales, que dependería directamente de la Policía Nacional y aumentará el potencial de ese sector.

En la víspera, el ministro del Interior, Octavio Salazar, convocó al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana a una sesión extraordinaria, con el fin de adoptar una serie de medidas para enfrentar al crimen organizado.

En un plazo de diez días útiles se procederá a realizar la primera reunión ampliada del referido consejo, informó el titular del Interior.