Satse critica recortes de seguridad privada en los hospitales navarros. 6/2/2012. elEconomista.es
El Sindicato de Enfermería de Navarra Satse ha mostrado su "total rechazo" al recorte de seguridad privada en los hospitales navarros, una medida que, según ha explicado en un comunicado, fue implantada el pasado 1 de enero y afecta al Complejo Hospitalario de Navarra, a la Clínica Ubarmin y a los hospitales de Tudela y Estella.
Satse ha afirmado que el servicio de seguridad del Complejo Hospitalario lleva desde el pasado 1 de enero "ejerciendo sus funciones únicamente los turnos de noche, excepto el fin de semana, que funciona las 24 horas aunque con un vigilante menos".
El sindicato ha dicho que esta reducción significa "un ahorro mínimo, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias que esta medida puede tener para los profesionales sanitarios y también para los ciudadanos, y supone una reducción a costa de la integridad de los profesionales sanitarios y de los ciudadanos en general".
Satse ha dicho que lleva cinco años "luchando por informar a la sociedad sobre el incremento de agresiones al personal sanitario y por exigir a las autoridades correspondientes que tomen las medidas necesarias para paliar estas situaciones, que cada vez se producen con más frecuencia".
Una de las medidas propuestas por el sindicato de enfermería fue el incremento de la seguridad en los centros sanitarios, "sobre todo en los centros de Atención Primaria, donde se está notando más el incremento de las agresiones al personal sanitario", y ha lamentado que "no sólo no se ha incrementado la seguridad en los centros sino que ahora se ha reducido".
Los gobiernos central y vasco retirarán la escolta a la mayoría de los jueces. 3/2/2012. diariovasco.com
Ambos ejecutivos informarán la próxima semana a la cúpula judicial sobre los cambios en su seguridad.
La masiva reducción de escoltas se extiende a los jueces vascos. Los gobiernos central y vasco trasladarán la próxima semana a la cúpula judicial su decisión de retirar a la mayoría de los magistrados el servicio de guardaespaldas y sustituirlo por diferentes sistemas de contravigilancia. La reunión está prevista para el día 10, y en ella participarán, además del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, responsables del Departamento de Interior y el recién nombrado delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo.
En la actualidad, alrededor de 80 jueces y fiscales -de los más de 200 profesionales que ejercen su labor en Euskadi- disponen de escolta. Aunque ninguna de las fuentes consultadas por este periódico ha querido dar datos exactos que cuál será la modificación, todas las partes implicadas coinciden en que una fórmula que no generaría discrepancias sería la de mantener la protección a los presidentes de Sala y de las tres audiencias provinciales, al juez decano que cuenta con liberación profesional y a los fiscales con cargo oficial, además de aquellos magistrados y representantes del ministerio público que hayan sido amenazados por ETA de forma directa.
La decisión se enmarca dentro de la revisión de los sistemas de vigilancia tras el «cese definitivo de la actividad armada» decretado por la banda a finales de octubre. El propio ministro, Jorge Fernández Díaz, reconoció el martes en el Congreso que estaba preparando una «importante» reducción de las escoltas a todos los colectivos amenazados. Lo vinculó a la necesidad de aliviar los gastos de las instituciones públicas ante la actual crisis económica.
Las fuentes gubernamentales consultadas subrayan que las modificaciones que se van a aplicar en la protección de los jueces y fiscales de Euskadi están basados en «razonamientos técnicos» y no monetarios. Portavoces del Departamento de Interior advierten de que la situación «ha cambiado» tras el anuncio de ETA y que si persistiera una amenaza real todos los magistrados proseguirían con guardaespaldas.
El colectivo judicial era uno de los pocos que, desde octubre pasado, no se había visto afectado por la reducción de escoltas. La eliminación de la protección a los viceconsejeros del Gobierno vasco a mediados del mes pasado ya hizo prever a muchos magistrados y fiscales que los siguientes en la lista serían ellos.
Polémica en abril pasado.
La cúpula judicial siempre se ha mostrado reticente a los cambios en la seguridad privada. Argumentan que el colectivo ha sido desde 2001 uno de los objetivos prioritarios de ETA. En noviembre de aquel año la banda terrorista asesinaba a tiros en el garaje de su domicilio en Getxo al magistrado de la Audiencia de Bizkaia José María Lidón. Fue entonces cuando se activó un programa individualizado de vigilancia que de forma paulatina se fue extendiendo a la gran mayoría de los jueces que trabajan en Euskadi.
Las cosas, sin embargo, han cambiado en el último año. Consejería de Interior y la cúpula de los jueces se llegaron a enfrentar, incluso, en abril del año pasado, cuando el departamento que dirige Rodolfo Ares redujo parte de la vigilancia que se prestaba. La decisión más importante entonces fue la de dedicar un solo escolta, en vez de los dos habituales, a una parte importante de la magistratura.
Interior planea revisar la dotación de escoltas para "adaptarlo a la nueva situación". 18/1/2012. europapress.es
La mayoría de efectivos en el País Vasco y Navarra pertenecen a empresas de seguridad privada, pero sufragadas por el Ministerio.
El Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz tiene previsto revisar en las próximas fechas el despliegue de escoltas para "adaptarlo a la nueva situación", según han informado a Europa Press fuentes de este Departamento. No han precisado en qué términos se producirá esa reestructuración y si supondrá una disminución en la dotación de efectivos, pero han avanzado que en los próximos días habrá "novedades" al respecto.
Precisamente, desde el pasado domingo los viceconsejeros del Gobierno vasco dejan de llevar escoltas, según anunció el pasado viernes el lehendakari, Patxi López. De esta forma, a partir de ahora únicamente llevan guardaespaldas el lehendakari, Patxi López, y los diez consejeros que conforman el Gobierno vasco.
Esta decisión del 'lehendakari' no ha sentado bien al líder del PP vasco, Antonio Basagoiti quien este martes ha hecho públicos sus reparos por el fondo y la forma en la que se ha hecho. Ha dicho no compartir la decisión de retirar la escoltas a los viceconsejeros del Gobierno vasco, no sólo porque "puede parecer precipitada", sino por la forma en que se ha tratado en los medios de comunicación, porque "parece un anuncio publicitario más que de seguridad".
Al menos en el País Vasco como en Navarra, la mayoría de los efectivos dedicados a la protección personal de personas amenazadas pertenecen a empresas de seguridad privada cuyos servicios son sufragados por la Secretaría de Estado de Interior que ahora dirige Ignacio Ulloa. Además el Gobierno vasco también asume parte de esa dotación económica en su comunidad.
Así, en el País Vasco la Guardia Civil se encarga de la protección del delegado de Gobierno mientras que la Policía Nacional mantiene también algunos servicios específicos. Por su parte, la Ertzantza --'Berrozi'-- se encarga de la protección del 'lehendakari', sus consejeros y hasta ahora de sus viceconsejeros. La Unidad de Acompañamiento de la policía autónoma vasca también tiene algunos servicios asignados.
No obstante, el grueso de la protección de amenazados por ETA recae sobre las empresas de seguridad de privada que cubren a miembros de la judicatura, la política, alcaldes, concejales, empresarios y algún periodista.
SITUACIÓN EN NAVARRA.
En Navarra, la protección del Delegado del Gobierno la ejerce el Cuerpo Nacional de Policía mientras que es la Policía Foral la que se encarga de la seguridad del presidente de la Comunidad y su Gobierno. El resto, también es competencia de la seguridad privada que sufraga el Ministerio del Interior.
En el caso de la Comunidad foral afecta a un reducido grupo de diputados y senadores navarros y un parlamentario europeo, el presidente y el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), los rectores de las dos universidades navarras, algunos parlamentarios forales y casos aislados de alcaldes y concejales de esa comunidad.
La retirada de escoltas a los viceconsejeros reduce la seguridad a su nivel más bajo. 14/1/2012 elcorreo.com
La protección queda reservada a consejeros, parlamentarios, líderes de partidos, jueces y algunos empresarios.
La seguridad privada, en sus niveles más bajos. El lehendakari, Patxi López, certificó ayer lo que este periódico avanzó el pasado 29 de diciembre: el Ejecutivo autónomo retirará la escolta a la totalidad de los viceconsejeros del Gabinete socialista, dentro del plan para reducir a la mínima expresión el número de guardaespaldas destinados a la protección de colectivos amenazados por ETA. La campaña de revisión de los sistemas de vigilancia arrancó hace un año, tras el comunicado en el que la banda declaraba un alto el fuego «permanente, general y verificable», y se ha intensificado tras el «cese definitivo de la actividad armada» decretado a finales del pasado octubre.
«Pasado mañana (por el domingo) se quitan los escoltas de los viceconsejeros de este Gobierno, que tomó posesión, recordadlo, con una amenaza directa de ETA», advirtió ayer Patxi López en alusión a que poco después de su toma de posesión la organización terrorista amenazó al Ejecutivo y a sus integrantes, a los que situó como objetivo directo de sus acciones. Casi tres años después, insistió el lehendakari, la sociedad vasca y los miembros del Gobierno autónomo «sois, somos todos, mucho más libres».
La ausencia de actividad por parte de ETA y el anuncio de que pretende dejar las armas ha llevado a la Administración de Vitoria a eliminar de forma paulatina la escolta a los diferentes colectivos amenazados. Desde exconcejales a ex altos cargos, pasando por periodistas hasta llegar ahora a los viceconsejeros. Alguno de los afectados había renunciado, incluso, a la protección antes de que se estudiara su caso.
A partir de ahora, según fuentes de Interior, mantendrán la seguridad privada algunos parlamentarios, los líderes de los partidos políticos, algunos altos cargos de la judicatura vasca y varios empresarios. El lehendakari y sus consejeros estarán protegidos por los servicios especiales de la Ertzaintza.
El Departamento vasco de Interior no descarta, incluso, nuevas actuaciones siempre desde el «análisis individual» del «riesgo» que corre cada amenazado. Las fuentes consultadas apuntan, en este sentido, hacia los parlamentarios y magistrados que, en la actualidad, disponen de dos escoltas a su servicio. Aunque en ningún caso se les retirará por completo la protección, sí cabe la posibilidad de que se les asigne un único guardaespaldas, además de activar diferentes sistemas de «contravigilancia». Los posibles cambios no tienen fecha concreta ni están actualmente sobre la mesa, sino que dependerán de la «evaluación continua» que los responsables policiales vienen realizando sobre los colectivos amenazados.
Reunión con el ministro
El consejero Rodolfo Ares pretende, en este sentido, abordar esta materia con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la reunión que ambos mantendrán en Vitoria el próximo día 24 de este mes. Ambas administraciones se han repartido los servicios de protección y han actuado de manera coordinada, sobre todo tras la llegada del PSE a Ajuria Enea.
Los cambios en la seguridad ha provocado, por otra parte, reducciones en las plantillas de las empresas privadas que prestaban estos servicios. De las siete compañías que trabajan en Euskadi, cinco se han visto obligadas a recurrir a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ante la caída del trabajo. Según la Asociación de Escoltas en Activo, en la actualidad, entre 800 y 1.000 profesionales trabajan como escoltas en Euskadi. En 2009, la cifra superaba los 2.500. Sólo en el mes de enero calculan que la pérdida de empleos asciende al millar.
El anuncio de alto el fuego de ETA devuelve a Galicia a decenas de escoltas. 8/1/2012. Lavozdegalicia.es
Los aires de paz que se respiran en el País Vasco tienen un significado contradictorio para decenas de gallegos que trabajan en esa comunidad como escoltas de políticos, empresarios y ciudadanos que hasta hace poco estaban amenazados por la banda terrorista.
Son alrededor de 175 los profesionales gallegos que aún siguen dando protección a personalidades, pero eso tiene fecha de caducidad. De hecho, ya ha empezado a tenerla para muchos, que han visto cómo sus empresas ejecutaban expedientes de regulación de empleo al reducirse sus contratos con el Gobierno vasco.
A mediados de los noventa, las cosas eran distintas, explica Ángel, uno de los gallegos que todavía tienen trabajo como escolta en el País Vasco: «Pero se va a acabar y tendré que regresar a Galicia, y a cobrar el paro». Antes era distinto. Los gallegos, como los andaluces, eran muy solicitados por las empresas de seguridad vascas porque eran totalmente desconocidos en el País Vasco, un requisito fundamental. En esos momentos, había allí cerca de 700 gallegos trabajando de escoltas.
Pero el goteo de bajas es continuo, «y en quince días o un mes estamos todos fuera», explica Ángel. El último convenio entre el Gobierno vasco y las empresas de seguridad concluye en mayo. Pero ya ha empezado a retirarse la protección a muchos políticos.
El Gobierno vasco anunció hace unos días que este mes de enero suprimirá la escolta de los cargos de segundo y tercer nivel de la Administración. Son los viceconsejeros (alrededor de 30), y los directores generales, que rondan el centenar.
Una vida anónima
Es una situación nueva para estos profesionales, que han llevado una vida anónima que se han jugado en muchas ocasiones. Tuvieron que ocultar su lado más personal. Y ahora se irán al paro. Por eso reclaman algún apoyo por parte de la Administración. Ángel explica que solo les queda regresar a Galicia. Trabajar de otra cosa en el País Vasco es difícil: «Tienes que ocultar tu pasado profesional. Nadie te va a contratar si antes fuiste escolta».